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Tras su captura, el militar quedará en prisión preventiva por 90 días, según lo dispuesto por el juez de garantías Eduardo Rodríguez Da Cruz, quien consideró que hay un alto riesgo de fuga.
La audiencia se llevó a cabo en los Tribunales Federales de Rosario, donde el fiscal Claudio Kishimoto, junto con el fiscal coadyuvante Francisco Bernhardt y el titular de la delegación regional NEA de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), Matías Scilabra, imputaron a Caba Hurtado por contrabando de estupefacientes. La acusación se agravó debido al uso de una aeronave y el ingreso clandestino al país, ya que la avioneta, que portaba matrícula adulterada, utilizó rutas aéreas no autorizadas y aterrizó en un sitio clandestino.
Una operación internacional
Durante la audiencia, Scilabra explicó que esta operación de tráfico de drogas es de carácter transnacional y sugirió la posible implicación de otros individuos, tanto bolivianos como argentinos, que aún no han sido identificados. Asimismo, detalló que el acusado fue encontrado el jueves por la mañana, escondido en una barranca del río Carcarañá, después de que un vecino alertara a los bomberos y la policía, creyendo que Caba Hurtado corría riesgo de caer al agua.
Investigación en curso
La investigación sigue avanzando con la recopilación de pruebas clave. Los fiscales aseguraron que ya cuentan con la avioneta, la droga incautada, un croquis del lugar de aterrizaje y documentación personal del imputado. También solicitaron al Consulado de Bolivia información sobre los antecedentes de Caba Hurtado, su situación legal en ese país, y detalles sobre sus bienes. Además, buscan rastrear la ruta de la aeronave desde Bolivia a través de reportes satelitales y revisar el historial de sus vuelos desde 2015.
Bernhardt también explicó que se están examinando registros de compañías de telefonía para identificar posibles llamadas o mensajes que puedan relacionar a terceras personas con el desembarco de la droga en tierra.
Riesgo de fuga y prisión preventiva
El juez Rodríguez Da Cruz respaldó el pedido de prisión preventiva, considerando la gravedad del delito y los indicios de que el imputado podría tener acceso a recursos que le facilitarían escapar. La medida de detención se extenderá por 90 días, mientras continúan las investigaciones y se evalúan posibles complicidades.
Este caso refuerza la atención sobre la vigilancia de rutas aéreas no autorizadas y los esfuerzos por frenar el narcotráfico transnacional que intenta penetrar en el país.
