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"Desde que salió el decreto presidencial, no hemos tenido más de una contratación en los buques que llegan aquí a San Lorenzo", señalaron los serenos, quienes argumentan que esta medida es "injusta y absurda", y pone en peligro no solo la seguridad a bordo de los buques, sino también la seguridad de la población. Además, destacaron que son responsables de evitar incidentes como derrames y otros problemas que a menudo no se denuncian por las mismas empresas.
El servicio que brindan estos trabajadores es vital: son parte del personal auxiliar de la Prefectura Naval Argentina y realizan funciones esenciales para la seguridad a bordo de los buques, tales como prevenir el contrabando, evitar la trata de personas, y alertar a las autoridades en caso de incidentes. También cumplen un rol preventivo en situaciones de emergencia, como derrames de sustancias peligrosas.
Los serenos, empleados por agencias marítimas que representan a los buques en el país, aclaran que sus salarios no dependen de los gobiernos nacional ni provincial, sino de los armadores, quienes son los propietarios de los buques internacionales. Esto significa que su trabajo no genera un costo adicional para el Estado, sino que se trata de una fuente de ingresos proveniente del exterior, que se reinvierte en la comunidad local.
El colectivo de trabajadores se muestra firmemente en contra de las justificaciones del gobierno, que argumenta que la medida busca la "modernización del Estado" y la "supresión de funciones duplicadas". Los serenos sostienen que no hay reemplazo para su trabajo, ya que son los únicos encargados de garantizar la seguridad en el contexto de los buques.
En la actualidad, todos los trabajadores afectados se encuentran desempleados, y la situación genera una creciente preocupación sobre el futuro de sus puestos de trabajo. La lucha por la reactivación del servicio sigue adelante, con el objetivo de garantizar la seguridad y los derechos laborales de este sector fundamental para la actividad portuaria.
