"Es preocupante que niños hayan quedado solos en una situación de vulnerabilidad. Este caso debe servir para reforzar los mecanismos de supervisión y garantizar la seguridad de los menores"

Según relató el fiscal, el caso salió a la luz cuando los padres de un niño de 3 años con autismo severo acudieron al establecimiento el pasado viernes. Al llegar, observaron una situación que les causó preocupación y decidieron retirar a su hijo. Sin embargo, al intentar hacerlo, se encontraron con que el lugar estaba cerrado con llave y nadie respondía a sus llamados.
"Los padres comenzaron a golpear insistentemente la puerta y, desde afuera, observaron a uno de los niños, de 7 años, sobre una silla. Este menor, el único que podía expresarse con claridad, les dijo que la señora los había dejado allí y se había ido", explicó Nicosia. Ante la gravedad de la situación, los padres forzaron la entrada con una barreta y encontraron a tres niños solos en el lugar.
El fiscal detalló que, tras la denuncia, se imputó a Ansaldi por abandono de personas y privación ilegítima de la libertad. Además, se solicitó una medida cautelar de prisión preventiva por 30 días para avanzar con la investigación. "La jueza dispuso la prisión preventiva hasta el 10 de marzo de 2020, mientras se realizaban las diligencias necesarias", agregó Nicosia.
Sin embargo, el caso tomó un giro inesperado cuando la defensa de Ansaldi planteó la posibilidad de que la docente padeciera un trastorno de salud mental y un consumo problemático de sustancias. "La defensa solicitó que fuera evaluada por médicos y, en caso de ser necesario, internada en lugar de cumplir prisión preventiva", señaló el fiscal.
La jueza a cargo del caso ordenó una evaluación médica oficial para determinar si Ansaldi enfrenta un consumo problemático y si requiere tratamiento. No obstante, mantuvo la medida de prisión preventiva mientras se realizan las evaluaciones. "La jueza dispuso que médicos oficiales la evalúen y, en función de los resultados, se determine si es necesaria una internación. Esto no implica que la prisión preventiva se levante automáticamente", aclaró Nicosia.
El fiscal también mencionó que, durante la inspección del establecimiento, se encontraron elementos que sugieren que el lugar era utilizado como vivienda. "Se halló un termo con agua caliente, utensilios de cocina como cuchillos, tenedores y cucharas, lo que indica que el espacio no solo era utilizado con fines educativos", detalló.
Uno de los aspectos que más llamó la atención fue la desaparición de Ansaldi en el momento de los hechos. "No ha dado motivo alguno para justificar su ausencia. Tampoco se ha determinado su paradero en ese momento", afirmó el fiscal. Además, destacó que la audiencia tenía la posibilidad de establecer un estado de responsabilidad, aunque este es un derecho y no una obligación.
El caso ha generado una fuerte repercusión en la comunidad, poniendo en evidencia la necesidad de mayores controles en las instituciones educativas que albergan a menores. "Es preocupante que niños hayan quedado solos en una situación de vulnerabilidad. Este caso debe servir para reforzar los mecanismos de supervisión y garantizar la seguridad de los menores", concluyó Nicosia.

Mientras tanto, la Justicia continúa investigando los detalles del caso y espera los resultados de la evaluación médica de Ansaldi para determinar los próximos pasos. La próxima audiencia será clave para definir si la docente permanecerá en prisión preventiva o será derivada a un tratamiento de salud mental.