Vicentin al borde del abismo: trabajadores y acreedores exigen intervención judicial

El pasado viernes, durante una audiencia convocada por el juez del concurso de acreedores, Fabián Lorenzini, los sindicatos aceiteros manifestaron su preocupación por el retraso en el pago de sueldos y la falta de un plan de acción para superar la crisis. Advirtieron que si los salarios de febrero no son abonados en el corto plazo, convocarán a un paro que podría extenderse a todo el cordón industria.

Vicentin reconoció que necesita reunir 2.600 millones de pesos para cumplir con sus obligaciones salariales, de los cuales aún le restan conseguir 1.500 millones. La empresa intenta cubrir esta brecha mediante un adelanto del alquiler de sus plantas en modalidad fazón, pero esta solución solo ofrece un alivio temporal sin resolver el problema estructural.

Durante la audiencia, los representantes del grupo Grassi, el segundo mayor acreedor de la empresa después del Banco Nación, señalaron que la crisis de Vicentin se debe a la falta de una estrategia comercial efectiva. Argumentaron que, en un contexto favorable para la exportación de granos, la empresa debería estar generando ingresos suficientes para cubrir sus obligaciones. Sin embargo, denunciaron que no existe una planificación adecuada en producción y embarques, y que los beneficios esperados de la participación en Renova, la mayor aceitera del país, no están ingresando. Además, criticaron la falta de mantenimiento en las plantas industriales.

Por su parte, la empresa responsabilizó a la Corte Suprema de Santa Fe por la situación actual, debido a su fallo que anuló el acuerdo de concurso de acreedores. Según la agroexportadora, esta decisión espanta a inversores estratégicos como Bunge, Viterra y la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), retrasando la llegada de capital necesario para sostener su plan de pagos.

Vicentin presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de la Nación con la intención de revertir el fallo santafesino. Sin embargo, este camino judicial ha sido calificado de inusual, ya que no se trata de un conflicto de competencia federal. Además, la empresa cuestionó la imparcialidad de los jueces Rafael Gutiérrez y Daniel Erbetta, alegando que prejuzgaron el caso antes de emitir su fallo.