Libres bajo un millón de dólares en caución: la Justicia cuestiona a la Fiscalía y favorece a los ex Vicentin

El magistrado centró sus críticas en el modo en que los fiscales accedieron a información sobre los honorarios de los abogados defensores. Según planteó, esa prueba fue obtenida sin orden judicial y, por lo tanto, debe considerarse inválida. Para Salvador, se trata de una violación grave del debido proceso, que compromete la legitimidad de la investigación. La acusación sostiene que los honorarios fueron pagados con dinero que debía estar embargado, pero la defensa lo niega y ahora logró que esa evidencia quede bajo cuestionamiento.

La reacción del entorno legal de los imputados no tardó en llegar. El abogado Jorge Ilharrescondo denunció públicamente una "grosera violación de garantías constitucionales", argumentando que sus defendidos están siendo perseguidos con métodos ilegales que ponen en jaque no solo su derecho a una defensa justa, sino también el ejercicio libre de la profesión de abogado. Según relató, los fiscales no solicitaron una orden judicial para obtener la información, sino que enviaron un pedido administrativo a la AFIP, lo cual calificó como un “desborde institucional inaceptable”.

El caso se sigue de cerca desde todos los sectores por su relevancia. La causa Vicentin investiga lo que para el Ministerio Público Fiscal fue una maniobra planificada y sostenida en el tiempo para desviar fondos, manipular balances y engañar a acreedores, principalmente bancos y productores del agro. La empresa fue declarada en cesación de pagos en diciembre de 2019, y desde entonces se convirtió en un símbolo de cómo una compañía emblema del sector agroindustrial argentino pudo derrumbarse en medio de sospechas de vaciamiento y corrupción.

El impacto no es solo judicial. La quiebra de Vicentin desató una crisis económica en todo el cordón agroexportador del país. La firma tenía vínculos con productores, acopios, contratistas y bancos, todos arrastrados a la incertidumbre financiera. En paralelo, la empresa ha sido protagonista de intentos fallidos de intervención estatal, operaciones políticas y conflictos sociales por la deuda salarial con sus trabajadores.

En diciembre del año pasado, la Fiscalía había pedido la elevación a juicio y penas de entre 3 y 17 años de prisión para una docena de imputados. La lista incluye a los principales exdirectivos de la compañía, pero también a auditores de la consultora KPMG, ejecutivos de firmas satélites y a los síndicos que intervinieron en el concurso de acreedores. La acusación los considera parte de una organización que habría montado una estructura para ocultar la verdadera situación económica de Vicentin mientras acumulaba deudas impagables.

Pero ahora el panorama se complica. La decisión del camarista Salvador podría tener efectos demoledores sobre la validez del proceso judicial. Si la obtención de la prueba fue ilegal, como sostiene la resolución, se abre la puerta para que la defensa cuestione no solo esa información sino otros elementos que pudieran haberse conseguido de manera similar. El caso amenaza con convertirse en un nuevo escándalo institucional, en el que el foco se desplaza desde los hechos económicos hacia el comportamiento de quienes deben investigar.

El caso ya venía sacudido por episodios llamativos. Semanas atrás, se hallaron 467 kilos de cocaína en un buque carguero atracado en un puerto vinculado a Vicentin en San Lorenzo. Aunque la conexión directa con la empresa no fue confirmada, el hallazgo encendió nuevas alarmas sobre el funcionamiento de ciertos sectores del comercio exterior.

La decisión judicial que benefició a los exdirectivos no significa el cierre de la causa, pero sí reconfigura el tablero. La Fiscalía deberá ahora reordenar su estrategia, revisar los mecanismos utilizados y responder ante una Justicia que advierte con dureza cuando se cruzan ciertos límites. La defensa, por su parte, gana aire y capitaliza el fallo como una victoria clave que puede inclinar la balanza.