Santa Fe reclama: Nación dio de baja obras clave y crece el malestar por la Ruta 33

La Ruta 33, en ese sector, es uno de los corredores más transitados y peligrosos de la región. Transportistas, vecinos y trabajadores rurales la recorren a diario sorteando baches, banquinas desbordadas, escasa señalización y un asfalto que hace tiempo dejó de estar en condiciones. Desde el Ministerio de Obras Públicas de Santa Fe remarcaron que las obras ya tenían empresas adjudicadas, pliegos aprobados y estaban listas para comenzar. Sin embargo, el Ejecutivo nacional, a través de una resolución oficial, dio marcha atrás utilizando una cláusula técnica que, según la provincia, no tiene sustento. También fue cancelada la intervención prevista en la Ruta 178, que conecta Las Rosas con la 33, otra vía estratégica para el sur productivo santafesino.

El ministro Lisandro Enrico fue tajante al referirse a la medida: “No sólo se ignoran los reclamos de las comunidades afectadas, también se desoyen fallos judiciales que ordenaban avanzar con las obras. Si el Gobierno nacional no puede o no quiere hacerse cargo, que transfiera las rutas a la provincia”. Desde hace tiempo, Santa Fe plantea que está en condiciones técnicas y económicas de asumir el mantenimiento de los corredores nacionales que la atraviesan. De hecho, ya destina recursos propios para sostener rutas provinciales y ha colaborado en múltiples ocasiones con tareas de bacheo, limpieza y luminarias en trazas nacionales.

Para la provincia, lo que está en juego no es una disputa ideológica, sino una necesidad concreta y urgente. Las rutas están destruidas y la falta de intervención pone en riesgo la vida de miles de personas. Funcionarios locales advierten que el impacto de la desinversión se siente especialmente en los departamentos del sur, donde se acumulan los reclamos ciudadanos y los registros de siniestros viales graves. La bronca crece y las respuestas no llegan.

Más de 2.700 kilómetros de rutas nacionales que cruzan el territorio santafesino están hoy completamente paralizados. La 7, 8, 9, 11, 34, A007, A008 y A012 son algunas de las vías afectadas por la política de ajuste y recorte de obra pública dispuesta por la Nación. En esos corredores se transporta más del 80 % de la producción agroindustrial del país. Pero no sólo se trata de camiones: también circulan docentes, familias, estudiantes, enfermeros. Y todos lo hacen con la incertidumbre de si llegarán o no a destino.

En este contexto, el gobierno provincial volvió a insistir con una pregunta que incomoda: ¿qué pasa con el impuesto a los combustibles? Ese tributo, de carácter nacional, existe con la promesa de financiar obras viales. Sin embargo, hoy no hay obras ni mantenimiento. La recaudación existe, pero las rutas están rotas y el Estado nacional, según denuncian desde Santa Fe, mira para otro lado.

En las localidades afectadas la reacción es cada vez más fuerte. Intendentes y presidentes comunales reciben a diario reclamos vecinales. Productores organizan asambleas. El descontento social por la infraestructura vial se multiplica. En las rutas, la vida cotidiana se volvió un riesgo. Y mientras tanto, desde Buenos Aires sólo hay silencio.

El gobierno provincial no descarta iniciar acciones judiciales y, en paralelo, prepara un plan para intervenir con recursos propios en los puntos más críticos, aunque eso implique redireccionar partidas que estaban pensadas para otras obras.