En el marco de la Ley de Microtráfico, este jueves por la mañana se llevó adelante el derribo de un punto de venta de drogas ubicado en calle Fournier 1276, en la ciudad de San Lorenzo. El operativo estuvo coordinado entre el Ministerio Público de la Acusación (MPA), el Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia y la Policía de Santa Fe. En el lugar, el fiscal Maximiliano Nicosia, integrante del equipo de Microtráfico, explicó cómo se gestó la investigación que culminó con la eliminación del kiosco narco.
27 de noviembre de 2025
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“Esta investigación surge a través de una agregación del equipo de Microtráfico en general. Se inició en septiembre de este año. Avanzamos con la Policía de Santa Fe y con el apoyo del Ministerio de Justicia y Seguridad, y pudimos determinar que éste era un punto clave de venta”.
El fiscal indicó que por el inmueble rotaban distintos actores del narcomenudeo:
“Siempre el punto común era esta vivienda. También relevamos que se iban renovando las personas que la habitaban”.
A la actividad de venta se sumaban episodios de violencia reiterada:
“Era un punto donde además se daban hechos de abuso de armas, tenencia de armas y situaciones que afectaban realmente al barrio. Vecinos nos habían dado cuenta de esta problemática”.
La propiedad —en realidad compuesta por dos viviendas contiguas que funcionaban como una sola— concentraba una serie de hechos que tenían siempre como denominador común esa dirección.
Dos detenidos y más de 150 dosis secuestradas
En el marco del procedimiento, Nicosia confirmó que hay dos personas detenidas:
“A estas personas se les secuestraron 150 dosis de estupefacientes y elementos vinculados a la comercialización. La investigación sigue avanzando hacia eslabones superiores”.
Si bien existen hipótesis sobre posibles conexiones con estructuras mayores, esa información permanece bajo reserva por tratarse de una investigación en curso.
El MPA había solicitado inicialmente el tapialamiento preventivo del inmueble, medida que fue autorizada. Sin embargo, ante la persistencia del riesgo y el carácter antijurídico del uso del espacio, la justicia habilitó avanzar con el derribo.
“Se dio rápidamente ese estado antijurídico para llevar adelante el derribo. Es un punto neurálgico para el barrio, para poner fin a una seguidilla de hechos que tenían como lugar común esta vivienda”, señaló el fiscal.
Una investigación iniciada en septiembre
Nicosia confirmó que el punto de venta se tenía identificado desde hacía varios meses:
“La investigación comenzó en septiembre de este año”.
Desde entonces, el MPA fue acumulando evidencia, testimonios y reportes que fortalecieron la necesidad de intervenir en la vivienda.
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