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La causa investiga un hecho ocurrido el 21 de diciembre de 2024 en un hotel ubicado en calle Saavedra al 200 de esta ciudad. Según la acusación fiscal, Quiroga habría contactado a la víctima, una mujer de 36 años, a través de redes sociales, la habría obligado a ingerir una sustancia sin su consentimiento y posteriormente la habría golpeado y abusado sexualmente de ella.
La audiencia comenzó con momentos de alta tensión, ya que Quiroga fue retirado de la sala tras vociferar contra la Fiscalía. Desde la acusación se sostiene que la hermana del imputado habría manipulado su teléfono celular, lo que motivó el conflicto inicial. A pesar de ello, el trámite judicial continuó con normalidad, aunque con la ausencia del acusado.
Libertad condicional y restricciones
Tras la revisión de la medida cautelar, el juez Gazza resolvió otorgar la libertad condicional a Quiroga, imponiendo una serie de restricciones. Entre ellas, la fijación de domicilio en la localidad de Ricardone, una prohibición de acercamiento de 500 metros respecto de la denunciante y su entorno familiar, y la imposibilidad de ingresar a la localidad de Arrufó, donde reside la mujer.
Además, el imputado deberá realizar un curso sobre violencia de género y abuso, el cual deberá completar en un plazo de 15 días. También se le prohibió el uso de redes sociales para referirse a la causa, el consumo de alcohol o estupefacientes y la salida del país.
Durante la audiencia se conoció que la denunciante y la querella alcanzaron un acuerdo de manera privada y decidieron retirarse del proceso. No obstante, desde el ámbito judicial se aclaró que ese entendimiento no detiene la acción penal.
Si bien la denunciante desistió de continuar como querellante, el fiscal Nicosia continuará con la investigación y el juicio, dado que se trata de una causa de acción pública. Según se indicó, el acuerdo debió haberse formalizado en sede fiscal y no de manera privada.
La defensa cuestionó la investigación y habló de “dudas” en la causa
La abogada defensora Paula Ríos explicó que la audiencia fue solicitada por dos motivos centrales: permitir que su defendido pueda producir pruebas y revisar la medida cautelar. En ese sentido, sostuvo que “Facundo nunca tuvo derecho a probar su inocencia” y remarcó que “había varias pruebas que quedaron en el tintero”.
Ríos cuestionó la negativa inicial del juez a incorporar algunas pruebas en esta etapa, aunque destacó que finalmente se habilitó una pericia clave sobre el teléfono celular del imputado. Según relató, existe una denuncia de la familia de Quiroga que apunta a que el contenido del dispositivo habría sido borrado en sede policial. “Queremos saber dónde, cuándo y cómo se ha borrado el contenido del celular de Facundo”, afirmó.
Respecto de la modificación de la cautelar, la defensora señaló que el juez entendió que ya no existía peligrosidad procesal. “Facundo está desde hace un año yendo a trabajar, cumplió a rajatabla sus salidas y sus ingresos a Alcaidía. No tiene antecedentes”, sostuvo, y agregó que se trata de una causa “dudosa” en la que “no están todas las pruebas a favor de un solo lado, sino que es un 50 y un 50”.
Finalmente, Ríos confirmó que la denunciante consintió la libertad del imputado con restricciones y expresó que la querella “no quiere venir más al juicio porque está cansada”. Sin embargo, aclaró que, aunque se haya retirado como querellante, “el fiscal sigue porque una vez que se hace la denuncia es del Estado”.
