Ultimas Noticias
Día 0
El Gobierno Nacional oficializó este miércoles la reglamentación de la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad N° 27.793 a través del Decreto 84/2026, publicado en el Boletín Oficial. La decisión, firmada por el presidente Javier Milei, no surgió de una iniciativa propia de la gestión, sino de un ultimátum judicial emitido por el Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana.
La Ley 27.793 fue sancionada por el Congreso en 2025 para declarar la emergencia en el sector hasta fines de 2026. Inicialmente, el Ejecutivo había vetado el proyecto y, tras la insistencia parlamentaria, promulgó la norma pero suspendió su ejecución mediante el Decreto 681/25, alegando que el Legislativo no había determinado las partidas presupuestarias necesarias.
Sin embargo, el 12 de diciembre de 2025, el juez federal Adrián González Charvay declaró la invalidez de dicho freno presupuestario ante un amparo colectivo. El magistrado ordenó la "inmediata aplicación de la ley", considerando que las razones fiscales no podían supeditar los derechos fundamentales de las personas con discapacidad. Tras varios recursos de apelación y ante el riesgo de multas, el Gobierno llegó a la fecha límite fijada por la justicia para reglamentar la norma.
Puntos clave de la reglamentación
El nuevo decreto establece los procedimientos operativos para el sistema de prestaciones y define un nuevo régimen de pensiones, bajo las siguientes pautas:
Pensiones No Contributivas (PNC): Se crea la "Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social", estableciendo criterios de evaluación socioeconómica y compatibilidad con la inclusión laboral.
Auditorías estrictas: La Secretaría Nacional de Discapacidad dispone de un plazo de 30 días para presentar ante el Consejo Federal de Discapacidad un plan de auditorías periódicas.
Centralización en Salud: La Secretaría Nacional de Discapacidad queda bajo la órbita del Ministerio de Salud, con el fin de abordar la temática desde una perspectiva de protección social integral.
Plazos y vigencia: La emergencia rige hasta el 31 de diciembre de 2026, con posibilidad de ser prorrogada por un año adicional.
Pese a la publicación del decreto, sectores de la sociedad civil y especialistas advierten que el Gobierno ha dejado gran parte de los artículos sin reglamentar de forma operativa. Según denuncian algunos medios, la convocatoria al Consejo Federal para definir criterios de financiamiento y co-participación con las provincias podría ser una estrategia para seguir dilatando la ejecución plena de los fondos.
Con esta reglamentación "bajo protesta", el Ejecutivo intenta evitar sanciones legales mientras la Cámara Federal de San Martín aún debe resolver sobre la apelación presentada contra el fallo de primera instancia que los obligó a retroceder en su decisión de frenar la ley.
992213158-Reglamentacion-ley-de-emergencia-en-discapacidad.pdf
