La tensión en los portones de la empresa IDM, dedicada al tratamiento de residuos industriales en San Lorenzo, escaló un nuevo peldaño. En el marco de una protesta autoconvocada el pasado lunes, los trabajadores denunciaron que la firma comenzó a aplicar pagos arbitrarios y selectivos, dejando a una parte del personal sin percibir sus ingresos de manera injustificada.
La situación de inestabilidad comenzó en febrero, cuando un nuevo grupo inversor se hizo cargo de la firma. Sin embargo, el punto de quiebre ocurrió en septiembre, mes desde el cual IDM comenzó a abonar los sueldos en pequeñas cuotas. Según los testimonios recolectados en la planta, estos pagos fraccionados nunca llegan a cubrir la totalidad de los haberes, generando una deuda acumulada que asfixia la economía de las familias.
"Venimos haciendo malabares para comer y endeudándonos para pagar el alquiler", señalaron trabajadores en las puertas del establecimiento.
La principal alarma se encendió esta semana al detectarse que la empresa comenzó a adelantar fondos a ciertos empleados mientras excluye a otros. Para los trabajadores, esta no es una medida administrativa al azar, sino una estrategia política orquestada entre el viejo y el nuevo directorio patronal.
Según denuncian, el objetivo es romper la unidad de los gremios intervinientes (Químicos, Petroquímicos y Camioneros) y generar "trabajadores de primera y de segunda" para debilitar el reclamo colectivo. La situación deja a más de 120 familias en estado de vulnerabilidad alimentaria y financiera.
El comunicado oficial
A través de un documento público, los operarios de IDM reafirmaron que no permitirán maniobras de fragmentación. El texto subraya que todos los empleados sostienen la producción por igual y, por lo tanto, la respuesta ante la crisis debe ser equitativa.
"Esta práctica no solo resulta discriminatoria, sino que además evidencia una clara intención de dividir al conjunto de los trabajadores. La única salida posible a este conflicto es colectiva y con reglas claras para todos", reza el comunicado oficial.
La asamblea de trabajadores se mantiene en estado de alerta, exigiendo una mesa de diálogo que garantice el pago total de la deuda y el cese de lo que consideran una "persecución económica" hacia quienes encabezan la lucha por sus derechos básicos.
