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El procedimiento comenzó a las 9 de la mañana en un inmueble ubicado en Presidente Roca al 900, en barrio San Sebastián, y fue supervisado por funcionarios del Ministerio de Justicia y Seguridad, junto a fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA).
Un punto clave en una investigación compleja
El lugar había sido allanado el pasado 26 de marzo en el marco de un megaoperativo realizado en San Lorenzo y Puerto San Martín, que incluyó seis procedimientos simultáneos. En esa ocasión, fueron detenidas ocho personas y se secuestraron cerca de dos kilos de cocaína fraccionada, además de más de 12 millones de pesos en efectivo.
La causa es investigada por la fiscal Luisina Paponi, quien solicitó el derribo del inmueble en una audiencia de cese de estado antijurídico.
Durante la conferencia de prensa posterior al operativo, el fiscal Aquiles Balbis explicó que el domicilio funcionaba como un punto de venta y también como lugar de reunión de personas vinculadas a otros hechos delictivos.
“El microtráfico está estadísticamente asociado a conflictos entre bandas antagónicas, lo que deriva en homicidios, abusos de armas y episodios violentos”, señaló. Además, precisó que en la zona se secuestraron más de 6.000 dosis de droga, lo que da cuenta del volumen de la actividad ilegal.
Una problemática arraigada en la región
Por su parte, el secretario de Seguridad Pública provincial, Omar Pereira, destacó que San Lorenzo y su zona de influencia concentran una alta cantidad de intervenciones por microtráfico, solo por detrás de Rosario y Frontera.
Balbis también reconoció que el fenómeno presenta una dificultad estructural: la reaparición de puntos de venta en cercanías tras cada intervención. “No se trata solo de este domicilio, sino de una problemática más amplia del barrio y la jurisdicción”, indicó.
Respuesta estatal y llamado a los vecinos
Las autoridades remarcaron que la demolición de estos espacios forma parte de una estrategia integral que combina investigación judicial, operativos policiales y la aplicación de una normativa específica que permite avanzar sobre los inmuebles utilizados para la venta de estupefacientes.
En ese sentido, destacaron el rol de las denuncias vecinales, aunque reconocieron que muchas veces el miedo condiciona la participación ciudadana. Desde el MPA y el Gobierno provincial insistieron en que estas acciones buscan precisamente brindar respuestas concretas a una problemática que afecta directamente a la convivencia en los barrios.
Actualmente, hay más de ocho personas detenidas con prisión preventiva en el marco de las investigaciones vinculadas a este punto de venta, y no se descartan nuevas detenciones a medida que avance la causa.
