Ultimas Noticias
Día 0
Foto: Urbana medios
Este viernes, minutos después de las 9 de la mañana, las máquinas de demolición comenzaron a echar abajo una estructura en la calle 1º de Mayo al 700. El operativo no fue un hecho aislado: se trata de la inactivación número 112 en la provincia de Santa Fe y la número 16 en el departamento San Lorenzo desde la implementación de la Ley de Microtráfico en diciembre de 2023.
El procedimiento contó con la supervisión de funcionarios del Ministerio de Justicia y Seguridad, encabezados por el secretario de Seguridad Pública, Omar Pereyra y fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA), entre ellos el fiscal jefe de Microtráfico, Franco Carbone, y la fiscal de menores, Virginia Gabenara.
Un búnker marcado por la sangre
La intervención en este domicilio de barrio Granaderos no respondió únicamente a la venta de estupefacientes, sino a la violencia altamente lesiva asociada al lugar. Según explicó la fiscal Gabenara, el sitio fue clave en la investigación del homicidio de Ignacio Dorales.
"Teníamos constatado que era un punto donde venía gente de Rosario a comercializar. A raíz de esto hubo un homicidio y, en esa causa, se solicitó la inactivación que el juez concedió", detalló la funcionaria.
Por el crimen hay un menor de edad detenido bajo prisión preventiva, cuyo proceso se rige por la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente.
El Cordón Industrial, zona crítica
El secretario de Seguridad Pública destacó que, tras la sanción de la ley impulsada por la gestión de Maximiliano Pullaro, el Cordón Industrial se ha consolidado —junto a Rosario y la ciudad de Frontera— como uno de los sectores con mayor despliegue de estos operativos.
"Entendemos que es una herramienta fundamental. El seguimiento posterior al derribo y el análisis diario demuestran que la disminución de la violencia se ha consolidado en estos barrios", afirmó el secretario. Además, aclaró que el trabajo no termina con la demolición: existe un relevamiento permanente para evitar que se instalen nuevos puestos sobre las ruinas o para recuperar los espacios con fines comunitarios, como la construcción de plazas.
Investigación y anonimato: Las claves del éxito
El fiscal Franco Carbone subrayó el trabajo previo que permite llegar al derribo sin afectar derechos de terceros. "Trabajamos con la Dirección del Registro de la Propiedad para individualizar a los legítimos dueños. En este caso, se acreditó que el lugar no era una vivienda familiar, sino una instalación montada para el tráfico ilícito", señaló.
Carbone también hizo un especial reconocimiento al rol de la ciudadanía:
