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La problemática del tránsito pesado en los accesos portuarios de San Lorenzo ha sumado un capítulo determinante. En el marco de la causa "Quiña Nanci Noemí y otros c/ Asociación de Cooperativas Argentinas y otros", el Juzgado de 1ra. Instancia Civil y Comercial de la 1ra. Nominación ha decidido endurecer su postura ante el reclamo histórico de los vecinos.
A través de un decreto firmado el pasado 21 de abril, la Justicia busca frenar el impacto negativo que la circulación de vehículos de gran porte genera en la calidad de vida de los ciudadanos, centrando su atención en el Acceso Norte y el camino hacia las plantas denunciadas.
La resolución judicial no admite demoras: le otorgó a la Municipalidad de San Lorenzo un plazo de 5 días para informar detalladamente sobre las multas aplicadas durante 2025 y lo que va de 2026. El tribunal busca determinar si se ha sancionado efectivamente el incumplimiento de la ordenanza que regula el transporte de carga o si ha existido una falta de ejercicio del poder de policía en la zona de conflicto.
Una de las medidas más novedosas es la obligación de realizar una campaña de educación vial "en mano". Los agentes de tránsito deberán entregar a los camioneros folletos que expliquen: La vigencia de la ordenanza local, los horarios de circulación permitidos y las zonas específicas por las que deben transitar los vehículos de gran porte.
Esta responsabilidad no recae solo en el Estado. Las terminales portuarias destinatarias de la carga —como la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA)— están obligadas a exhibir y entregar este material a cada chofer que ingrese a sus plantas, integrándolas directamente en la cadena de prevención del daño.
Inspecciones en mayo
El Dr. Andino dispuso que un Oficial de Justicia se constituya en el lugar durante el mes de mayo de 2026. El funcionario deberá constatar, durante tres días de una misma semana, la presencia efectiva de inspectores de tránsito y la correcta señalización y entrega de folletería.
El relevamiento incluirá la realización de croquis "a mano alzada" y la toma de fotografías para documentar el estado real de los accesos y las playas de destino.
La causa, impulsada por vecinos afectados por vibraciones y la dispersión de residuos de cereales, se encuadra en una acción preventiva del daño. Bajo este paradigma, el objetivo de la Justicia no es solo castigar el perjuicio ya causado, sino imponer medidas urgentes para evitar que los riesgos denunciados continúen afectando la salud y el bienestar de la comunidad.
