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La falta de avances en las negociaciones salariales entre la Federación Sindical Marítima y Fluvial (FESIMAF) y las cámaras empresarias del sector de extracción y transporte de arena ha encendido las alarmas en dos de los motores más importantes de la economía argentina: la industria energética y la construcción.
Ante el estancamiento de las paritarias, la federación —que nuclea a gremios de peso como el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), el Centro de Patrones y Oficiales Fluviales, de Pesca y de Cabotaje Marítimo, y el Sindicato de Conductores Navales (SICONARA)— declaró formalmente el estado de alerta. Los sindicatos advirtieron que, de no mediar una solución urgente, las medidas de fuerza se profundizarán, lo que impactaría de lleno en el abastecimiento de un insumo crítico.
La decisión de ir al conflicto se tomó tras una serie de audiencias fallidas en el ámbito de la Secretaría de Trabajo de la Nación y en reuniones del sector privado. Según expresaron los gremios en un comunicado conjunto, los plazos legales y lógicos para alcanzar un acuerdo salarial se encuentran "ampliamente vencidos".
Desde la conducción de la FESIMAF apuntaron directamente contra el sector empresarial por la falta de propuestas superadoras que permitan recomponer el poder adquisitivo de los trabajadores frente al contexto económico actual.
"La postura inflexible de las cámaras nos obliga a tomar medidas en defensa de nuestros salarios", señalaron fuentes sindicales, dejando en claro que el escenario de un paro total de actividades está cada vez más cerca.
Un insumo clave para el corazón de la economía
El impacto de un eventual freno en la extracción y el transporte fluvial de arena no es menor. Aunque suele asociarse principalmente a la obra pública y privada, la arena de fractura es un componente vital para la técnica del fracking (estimulación hidráulica) en Vaca Muerta.
Cada pozo de petróleo o gas no convencional en la cuenca neuquina demanda miles de toneladas de este material para mantener abiertas las fisuras en la roca y permitir la extracción de los hidrocarburos. Una interrupción en la cadena de suministro podría forzar la desaceleración o el freno de las operaciones en los yacimientos, golpeando los niveles de producción de gas y petróleo del país.
Por el lado de la construcción, el desabastecimiento paralizaría la elaboración de hormigón y morteros, afectando tanto a los desarrollos privados como a la infraestructura vial, en un sector que ya viene lidiando con sus propios desafíos de costos y actividad.
Las próximas horas serán determinantes. Con el estado de alerta ya declarado, la presión se traslada ahora a las cámaras empresarias y a las autoridades laborales, quienes deberán convocar a contrarreloj a una nueva mesa de diálogo para evitar una parálisis de consecuencias mayúsculas en sectores clave del país.
