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En la iniciativa, el legislador advierte que el CADI, que actualmente brinda formación y acompañamiento a 41 adultos con distintas discapacidades, se encuentra al borde del cierre debido al incumplimiento de los fondos nacionales destinados al sector. Según del Frade, la deuda del gobierno nacional con las entidades que asisten a personas con discapacidad en la provincia de Santa Fe asciende a 55 mil millones de pesos, una cifra que coloca a numerosas asociaciones en situación crítica.
La institución sanlorencina elevó una nota al bloque legislativo en la que solicita un aporte mensual para cubrir los honorarios de sus capacitadores. En el escrito, los responsables del CADI remarcan que “no se trata de un subsidio a un privado, sino de una demanda de cooperación técnica”, y subrayan que el centro sostiene “el proyecto de vida” de 41 adultos con discapacidad, ofreciéndoles formación y autonomía en un contexto en el que ni el mercado laboral convencional ni las políticas públicas de empleo logran integrar a esta población.
El diputado sostiene que es deber del Estado, en todos sus niveles y por mandato constitucional, garantizar los derechos de las personas con discapacidad conforme a la normativa vigente. Por ello, insta al gobierno provincial a abrir un canal de diálogo “en el menor plazo posible” con las autoridades del CADI, con el fin de encontrar soluciones concretas a las urgencias económicas que amenazan la continuidad del servicio.
El proyecto de comunicación, que será tratado en la Cámara Baja santafesina, busca visibilizar la situación de una institución que, pese a la falta de recursos, continúa trabajando por la inclusión y autonomía de sus asistentes.
