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En un giro judicial, Esteban Ramón Delgado, padre de Sofía Delgado e imputado por el abuso sexual de sus hijas, fue puesto en libertad en las últimas horas. La excarcelación no se debió a una falta de pruebas ni a un fallo absolutorio, sino a que la Fiscalía no solicitó a tiempo la prórroga de su prisión preventiva.
Gabriel Filippini, abogado querellante y representante de la familia de Sofía, no ocultó su malestar ante lo que considera una falla inaceptable del sistema. Según explicó, el vencimiento de los plazos coincidió con un cambio de fiscal derivado de una reorganización interna del Ministerio Público de la Acusación (MPA). "Las víctimas son ajenas a esas reorganizaciones. Habrá responsabilidades sobre esta cuestión", sentenció el letrado.
Ante la inacción del Ministerio Público, la defensa pública solicitó el cese de la prisión. El juez de la causa, Ariel Cattaneo —quien hasta el momento venía haciendo lugar a las medidas cautelares solicitadas por la querella— no tuvo otra alternativa legal que otorgar la libertad automática y sin nuevas restricciones.
A pesar de que existía una prohibición de acercamiento de 500 metros dictada previamente por el juez de familia Marcelo Escola hacia Delgado y Claudina (la progenitora), el imputado fijó su nuevo domicilio a tan solo 300 metros de la casa donde residen los hermanos de Sofía.
La amenaza dejó de ser una suposición cuando testigos afirmaron haber visto a Delgado merodeando la zona del domicilio de las víctimas. "Hay una persona imputada por un gravísimo hecho que quedó intempestiva y sorpresivamente en libertad. Existe un claro riesgo de fuga", alertó Filippini, quien anticipó que presentarán testigos en la unidad fiscal para acreditar estos acercamientos.
El impacto psicológico sobre los hermanos de Sofía Delgado es devastador. El equipo legal, junto a Laura Maderna y profesionales interdisciplinarios de la provincia, vienen trabajando arduamente para contener a los jóvenes tras el asesinato de Sofía.
Lourdes, una de las denunciantes en la causa por abuso, se encuentra paralizada por el miedo. "A partir del asesinato de Sofía, los chicos no querían salir de su domicilio. Lourdes no estaba escolarizada y tuvimos que interponer una medida cautelar para que la aceptaran en el colegio porque el ciclo ya había iniciado", detalló el abogado. Hoy, esa frágil estabilidad se ve dinamitada al saber que su presunto abusador camina libre por el mismo barrio.
Actualmente, la familia ya se encuentra constituida como querellante. A la espera de una nueva audiencia urgente, la defensa de las víctimas buscará revertir este revés judicial, exigir nuevas medidas de protección y volver a discutir la inmediata detención del acusado, antes de que el sistema les falle una vez más.
