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En horas de la tarde de este viernes 24 de julio de 2026, personal policial detuvo en la zona de Bv. Mitre al 400 de la ciudad de San Lorenzo a Esteban Delgado, de 51 años. La captura se concretó por desobediencia al mandato judicial que imponía reglas de conducta establecidas por el Juzgado de Familia local.
La medida fue solicitada por el fiscal del Distrito Judicial de San Lorenzo, Javier Paz, y se enmarca en el contexto de una causa mucho más grave que pesa sobre el detenido: está imputado por abuso sexual agravado por el vínculo.
El caso se encuentra en una etapa decisiva. El pasado 8 de julio de este año, la Fiscalía presentó el requerimiento acusatorio formal solicitando una pena de 16 años de prisión de cumplimiento efectivo.
Los delitos que se le atribuyen son de extrema gravedad: abuso sexual gravemente ultrajante, agravado por ser cometido por un ascendiente y perpetrado contra un menor de 18 años aprovechando la situación de convivencia preexistente, todo ello en concurso real e ideal con el delito de corrupción de menores. La audiencia preliminar que encamina el caso hacia el juicio oral está agendada para el próximo martes 28 de julio en los Tribunales Provinciales de San Lorenzo.
La cronología judicial y el "olvido" que derivó en su liberación
A pesar de la gravedad de los cargos y la inminencia del juicio, el acusado se encontraba en libertad desde principios de este mes protagonizando un verdadero escándalo judicial.
La historia procesal comenzó el 13 de diciembre de 2024, cuando el fiscal Nicosia Herrero imputó formalmente a Delgado. En aquella ocasión, el juez de Primera Instancia, Dr. Cattáneo, ordenó la prisión preventiva efectiva por el plazo de ley. Meses después, el 2 de julio de 2025, la defensa intentó conseguir la libertad o morigerar las condiciones de detención, un pedido que fue rechazado por el juez tras la firme oposición de la Fiscalía.
Sin embargo, la defensa apeló esa decisión. El 26 de agosto de 2025, el juez de Cámara de segunda instancia, Dr. Salvador, resolvió modificar los plazos de la medida cautelar, fijando como fecha límite de vencimiento de la prisión preventiva el 2 de julio de 2026.
Llegada esa fecha límite, ocurrió lo insólito. A las 14 horas de ese 2 de julio, el fiscal actualmente a cargo de la investigación recibió un correo electrónico de la Oficina de Gestión de San Lorenzo con una noticia sorpresiva: el juez Cattáneo había dispuesto la inmediata libertad del detenido. El motivo fue estrictamente procesal; al haberse cumplido el plazo dictado por la Cámara y al no haber recibido ninguna solicitud de audiencia de prórroga por parte de la Fiscalía, el magistrado se vio obligado por ley a ordenar su excarcelación.
Investigación interna en el MPA
La omisión de solicitar la extensión de la prisión preventiva para un acusado de abuso infantil agravado generó un sismo en los tribunales locales. Ante esta grave falencia, las actuaciones fueron remitidas inmediatamente a través de los canales institucionales a la Auditoría General de Gestión del Ministerio Público de la Acusación (MPA).
El objetivo de esta intervención es evaluar el desempeño de los fiscales involucrados y determinar las responsabilidades disciplinarias frente a un error que permitió que un hombre que enfrenta un pedido de 16 años de cárcel por delitos sexuales contra un menor caminara libre por las calles de San Lorenzo hasta su reciente recaptura por violar las normas de conducta.
