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Un "grave error institucional" la liberación previa

En una audiencia imputativa celebrada este martes en los Tribunales Provinciales de San Lorenzo, el fiscal Dr. Javier Paz imputó a Delgado por el delito de desobediencia de orden judicial en calidad de autor. Tras evaluar los elementos presentados por el Ministerio Público de la Acusación (MPA), el Juez de Primera Instancia, Dr. Cattáneo, resolvió hacer lugar al pedido y dispuso la medida cautelar, con posibilidad de prórroga automática ante una eventual ampliación de la acusación.
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El caso destapó una fuerte controversia en torno al accionar judicial previo. Durante la audiencia, la querella que representa a las víctimas, a cargo del Dr. Gabriel Filipini y la Dra. Maria Laura Maderna, adhirió al pedido del fiscal Paz, pero expuso severas críticas hacia la gestión anterior del caso.

Según denunciaron los abogados, Delgado había recuperado la libertad el pasado 2 de julio debido a una presunta negligencia del fiscal saliente, el Dr. Nicosia, quien no presentó en tiempo y forma la solicitud de prórroga de la prisión preventiva, ni notificó a las partes sobre los recursos de apelación vigentes.

"Lo que ocurrió fue gravísimo, se expuso a las víctimas a una grave situación y además han afectado realmente nuestro trabajo como operadores judiciales. No lo vamos a permitir y por eso queremos que no solamente se realice la auditoría, sino que se impongan sanciones a quienes son responsables", expresó el Dr. Filipini en la sala.

Los abogados querellantes también señalaron una presunta irregularidad por parte de la defensa pública, acusándola de haber fijado para el imputado un domicilio a escasos 300 metros de las víctimas, cuando existía una restricción perimetral vigente de 500 metros.

El dramático trasfondo familiar: el caso Sofía Delgado

La situación de las víctimas está marcada por un profundo trauma y una larga lucha judicial. Los abogados destacaron que la familia no solo enfrenta las secuelas de los abusos intrafamiliares denunciados inicialmente en 2022, sino también el dolor por el brutal homicidio de Sofía Delgado, quien fue la primera en tener la valentía de denunciar a su progenitor.

El impacto psicológico sobre Lourdes, una niña menor de edad que quedó al cuidado de la querellante, ha sido devastador. Según el relato expuesto en la audiencia:

  • La menor y su familia debieron encerrarse en su domicilio tras enterarse de la sorpresiva liberación de Delgado a principios de julio.
  • En el pasado, debieron intervenir judicialmente para suspender la responsabilidad parental de ambos progenitores, ya que la madre obligó a las víctimas a pedirle disculpas al abusador por haberlo denunciado.
  • Fue necesaria una orden del juez de familia, Dr. Escola, para reinsertar a Lourdes en el sistema educativo tras un año de desescolarización forzada.

Auditoría y nuevas medidas de protección

Frente al escándalo generado por la liberación temporal del acusado, las autoridades judiciales han tomado cartas en el asunto. La querella confirmó que:

  • Se ha ordenado una auditoría interna para investigar las responsabilidades detrás de la falla procesal que permitió la libertad de Delgado.
  • La fiscal interinstitucional Mariana Luna y la Fiscalía General se han comunicado directamente con las víctimas para garantizar su resguardo.
  • Se estableció una custodia policial permanente para la familia afectada.

Finalmente, los abogados destacaron la rápida reacción de la actual Unidad Fiscal de Género, el trabajo a contrarreloj del Dr. Paz y las nuevas medidas de la Oficina de Gestión Judicial (OGJ) de San Lorenzo. Esta última ha implementado un sistema de alertas y canales exclusivos de WhatsApp para asegurar la notificación inmediata a las víctimas, buscando evitar que un error de esta magnitud vuelva a poner en peligro a quienes buscan justicia.

 

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