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El conflicto comenzó tras la adquisición del paquete accionario de la firma por parte de un grupo inversor a finales de 2025. Desde entonces, Jorge Aragón, quien dice actuar en representación de socios minoritarios de la empresa, instaló un colectivo tipo Motorhome frente a los portones del predio industrial para llevar adelante medidas de fuerza. Sin embargo, las acciones derivaron en denuncias por hostigamiento, difusión de audios y un reclamo económico que, según consta en la investigación judicial, no posee sustento formal en los libros societarios ni en los registros laborales de la compañía.
En el marco penal, el expediente registró un momento decisivo el martes 25 de agosto de 2026 a las 11:00 a. m. Durante la audiencia de Revisión de Medidas Cautelares en la causa registrada bajo el Expediente 21-09719145-7 ("ARAGON, JORGE ALBERTO s/ TURBACION DE LA POSESION/TENENCIA"), el juez Carlos Gazza ratificó y profundizó las restricciones sobre el imputado. El magistrado le impuso la prohibición de acercamiento, el cese inmediato de todo acto de hostigamiento, la obligación de firmar quincenalmente ante la Justicia y la restricción expresa de filmar la planta o realizar publicaciones en redes sociales sobre el conflicto. Durante el debate, la magistratura remarcó que el derecho a la protesta pierde legitimidad legal cuando deviene en maniobras de coacción o intimidación.
La persistencia de los incidentes en la puerta de la planta llevó al Ministerio Público de la Acusación (MPA) a reaccionar. El fiscal del caso, Maximiliano Javier Nicosia Herrero, solicitó una audiencia urgente para pedir la revocación de la libertad condicional de Aragón y dictar su inmediata prisión preventiva. La medida busca garantizar los fines del proceso judicial e investigar la comisión reiterada del delito de desobediencia de órdenes judiciales.
De acuerdo a las constancias documentales sumadas a las causas penal y laboral, no existirían tenencias accionarias ni vinculación laboral de Aragón con la firma, lo que dejó la disputa bajo la lupa judicial como un presunto intento de extorsión económica.
