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Al asumir sus funciones, el magistrado constató un pasivo de 240 causas listas para fallo, a lo que se suma el elevado volumen de tramitaciones que ingresan a diario. Frente a este panorama, el esquema propuesto establece un criterio de priorización para el despacho de los expedientes:
Atención prioritaria y urgente: Se otorgará máxima celeridad a las causas de violencia familiar, salud mental, cautelares, alimentos provisorios y situaciones referidas a niños, niñas y adolescentes —tales como cuidado personal, régimen de comunicación, medidas de protección y adopción—.
Resolución por lotes: Se agilizarán en bloque los trámites de menor complejidad, entre los que se incluyen divorcios, homologaciones de acuerdos, ejecuciones y causas alimentarias sin controversia.
Segunda etapa: Los procesos de índole patrimonial o aquellos que ya cuenten con una medida provisoria quedarán relegados provisionalmente a una instancia posterior dentro de la agenda de regularización.
La Cámara de Apelación tomó conocimiento del cronograma y fijó un mecanismo de seguimiento mediante informes mensuales sobre el avance de las resoluciones. Asimismo, se estableció el 15 de febrero de 2027 como fecha de referencia para la aplicación del artículo 109 del Código Procesal Civil y Comercial (CPCC).
Desde la representación gremial de los abogados sanlorencinos destacaron la importancia de comunicar estas medidas a los matriculados e informaron que realizarán un seguimiento cercano sobre la ejecución del plan para garantizar la efectividad del servicio de justicia en la región.
