Las claves de la resolución judicial

El fallo del juez Gazza se basó en una serie de evidencias clave recolectadas de urgencia tras el hallazgo del cuerpo de la víctima, quien presentaba signos de haber sido violentamente golpeada y una fractura craneal.

• Destrucción de pruebas: El magistrado remarcó que las dos cámaras de seguridad ubicadas dentro del domicilio de la víctima fueron destruidas y sus elementos de almacenamiento eliminados, lo que inicialmente obstaculizó la labor investigativa.

• El registro externo: Ante la falta de imágenes interiores, la Fiscalía examinó el exterior del domicilio y logró recuperar registros de una cámara vecina. Esto permitió identificar a Bertoni —quien realizaba tareas de albañilería en el lugar— entrando y saliendo de la propiedad.

• Testimonios clave: El testimonio aportado por un vecino, identificado como el señor Membo, permitió confirmar la indumentaria que llevaba puesta el imputado el día del hecho.

• La franja horaria inquebrantable: El fiscal Balbis acreditó mediante testimonios que la víctima se encontraba con vida antes del ingreso de Bertoni. El relevamiento de cámaras continuó hasta la llegada del hijo y una amiga de la señora Villarreal, comprobándose que nadie más entró a la casa en ese lapso temporal.

"Es imposible que la señora se haya quitado la vida golpeándose"

Durante la lectura de su resolución, el juez Gazza fue categórico al referirse a la hipótesis de la defensa y a la actitud del imputado en la sala:

"Salvo que quieran hacer entender (...) que la señora sola se quitó la vida golpeándose salvajemente, como ha dicho el doctor Balbis, porque hay una fractura craneal, la verdad que es imposible que este magistrado pueda tener otra idea más que la probabilidad inicial que ha marcado el doctor Balbis", expresó el magistrado, ante la negativa con la cabeza del propio Bertoni.

Asimismo, el juez ponderó los riesgos procesales estipulados en el artículo 221 del Código Procesal Penal, señalando la gravedad de la pena en expectativa —que parte de un mínimo de 8 años y puede alcanzar los 25 años—, la naturaleza violenta del ataque y los antecedentes del imputado, quien había terminado de cumplir una condena por un delito doloso en el año 2025 tras una pena dictada en 2022.

Finalmente, el juez Gazza dispuso la prisión preventiva por el plazo de ley para Abel Bertoni, aunque aclaró que tanto el acusado como su defensor, el doctor Buffarini, tienen la posibilidad de aportar elementos probatorios que demuestren su ajenidad con el hecho para solicitar una revisión de la medida cautelar.