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La crisis que atraviesa el transporte público tradicional frente a la irrupción de aplicaciones como Uber sumó un nuevo capítulo en la ciudad. Representantes de la Asociación de Propietarios y Choferes de Taxis, acompañados por referentes de distintas agencias, días atrás, habían mantenido una reunión con los ediles en la que habían acordado una mesa de trabajo .
Tras ese cónclave, desde la Asociación y Agencias habían manifestado un profundo malestar calificando UBER como un servicio "ilegal". Según argumentaron, la operación de estas plataformas no reguladas genera una precarización laboral y desplaza sistemáticamente a los trabajadores debidamente habilitados que cumplen con todas las normativas municipales y provinciales vigentes.
En busca de alternativas para retener a los pasajeros y recuperar terreno frente a la competencia de los vehículos particulares inscriptos en aplicaciones, el sector formalizó una propuesta concreta ante el cuerpo legislativo.
De acuerdo con fuentes confiables de la Asociación, se ingresó una nota formal en la que se le solicita a los concejales la reducción de hasta un 20% en el valor de la bajada de bandera y también en la ficha de la tarifa 1 (correspondiente al servicio diurno).
La intención de los impulsores de la iniciativa es que esta modificación tarifaria sea establecida por ordenanza, lo que le otorgaría un marco regulatorio obligatorio para todas las unidades habilitadas de la ciudad, aunque el proyecto todavía no ha tomado estado parlamentario formal.
