El Juzgado Civil y Comercial de Reconquista dispuso este martes la intervención de la agroexportadora Vicentin SAIC por un período de 120 días hábiles, en un intento por frenar su colapso operativo y financiero. La medida implica la suspensión provisional del actual directorio y la designación de dos interventores: el contador público Andrés Shocrón y el abogado Guillermo Nudemberg.
22 de abril de 2025
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La decisión fue tomada por el juez Fabián Lorenzini frente al agravamiento de la crisis económica de la empresa, que mantiene paralizadas sus principales plantas industriales en Avellaneda, Ricardone y San Lorenzo, y enfrenta un pasivo post concursal que ronda los 12.536 millones de pesos.
Objetivos: proteger empleos y reactivar la producción
Según la resolución, la intervención busca proteger los puestos de trabajo y reactivar las unidades de negocio a través de nuevos contratos de fasón y negociaciones con otras firmas. En este sentido, el juzgado también ordenó a los proveedores de servicios esenciales —como electricidad, gas y telefonía— no interrumpir sus prestaciones por los próximos 60 días.
Los principales socios estratégicos de la empresa, entre ellos Bunge, Viterra y la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), habían dejado de enviar granos para el procesamiento bajo contrato, profundizando la parálisis productiva.
Directores desplazados y facultades de los interventores
Quedaron suspendidos provisoriamente de sus funciones los directores Daniel Foschiatti, Carlos Sartor y Fernando Bougain, quienes además no podrán percibir sueldos durante el período de intervención.
Los interventores designados tendrán amplias facultades para administrar y disponer de todos los bienes y recursos de la firma, tanto en el país como en el extranjero. Esto incluye desde dinero e inversiones hasta inmuebles, acciones y productos. Además, podrán firmar, rescindir y administrar contratos, reorganizar la estructura administrativa y tomar medidas urgentes para conservar activos.
Propuestas para reactivar la actividad
Entre los fundamentos de la intervención, el juez destacó la inacción del Directorio frente al deterioro de la situación y la existencia de propuestas concretas para reactivar la empresa, como la presentada por la Unión Agrícola de Avellaneda. Esta entidad expresó su preocupación por la falta de garantías para continuar operando en las plantas de Vicentin, donde mantiene contratos de fasón vigentes y semillas pendientes de procesamiento.
Un planteo similar fue formulado por Bioenergías Agropecuarias SA, durante la audiencia del pasado 11 de abril, lo que reforzó la necesidad de una medida judicial urgente.
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