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Prorrogan la prisión preventiva de Facundo Quiroga, acusado de abuso sexual

El juez Carlos Gazza resolvió este jueves prorrogar hasta el 3 de julio de 2025 la prisión preventiva que pesa sobre Facundo Quiroga, acusado de un grave hecho de abuso sexual ocurrido en diciembre del año pasado en un hotel de la ciudad de San Lorenzo. La decisión judicial fue tomada tras una audiencia en la que el magistrado evaluó los avances de la investigación, las pericias en curso, y los peligros procesales que se mantienen vigentes.

Locales06 de junio de 2025Día 0Día 0
Quiroga



La medida, que vencía este mismo día, fue extendida bajo las mismas condiciones previamente establecidas, entre ellas la posibilidad de una salida laboral controlada, en atención a la situación económica del imputado y la necesidad de cumplir con obligaciones alimentarias hacia su hijo menor de edad. No obstante, el magistrado fue enfático en que los elementos aportados hasta el momento no modifican la probabilidad inicial que justificó la detención preventiva del imputado.
Facundo Quiroga está acusado de haber abusado sexualmente de una mujer el 21 de diciembre de 2024. Según la imputación del Ministerio Público de la Acusación, el hecho ocurrió en un hotel ubicado en calle Saavedra al 2000, en la localidad de San Lorenzo. De acuerdo con el relato de la víctima, ambos habrían iniciado contacto por redes sociales y luego concertado un encuentro en el mencionado hotel. Allí, Quiroga habría obligado a la mujer a ingerir una sustancia sin su consentimiento, aprovechando luego su estado de indefensión para golpearla y abusar sexualmente de ella.
Durante la audiencia, el juez Carlos Gazza hizo una extensa exposición de los fundamentos que lo llevaron a tomar la decisión de extender la medida cautelar. “Desde que empezamos el 27 de diciembre, yo he escuchado una versión del imputado en contradicción con la de la víctima, y he procurado analizar elementos que me permitan poner en crisis esa probabilidad”, explicó. “Yo no estoy diciendo que esto pasó o no pasó. Lo que estoy haciendo es analizar una probabilidad, porque si no, estaríamos en juicio”.
Gazza fue claro al señalar que la prisión preventiva no es una condena sino una herramienta para asegurar el proceso. En ese marco, insistió en que el control judicial debe ser estricto y basado en la ley: “Esto no es por el simple vencimiento del plazo legal. Es porque si decidimos privar preventivamente de la libertad a una persona, debe haber un control real y efectivo”.
Además, el juez remarcó que la decisión no es definitiva: “La prisión preventiva fue confirmada por instancias superiores, incluso morigerada, pero su fundamento se mantiene. El hecho es grave y la probabilidad del hecho sigue vigente”.
La pericia y el posible intento de manipulación de pruebas
Uno de los ejes centrales de la discusión en la audiencia fue una pericia sobre el teléfono celular del imputado. El fiscal informó que tras la orden de apertura del dispositivo —acordada entre las partes—, se detectaron indicios de una posible manipulación remota del aparato después de su secuestro judicial.
El juez consideró que, aunque no hay pruebas concretas de que esa manipulación haya sido ordenada por el imputado, el hecho en sí amerita una investigación. “Una manipulación de un teléfono secuestrado vía remota, con posterioridad a su entrega, genera la necesidad de saber quién la hizo. Eso sí me interesa”, sostuvo.
Gazza aclaró que este tipo de maniobras, si se confirman, pueden comprometer seriamente la validez de las pruebas y la integridad del proceso: “No debería haber ningún tipo de alteración en un teléfono que ya fue entregado al secuestro. Si se confirma que alguien lo manipuló, hay un problema serio que investigar”.
Peligros procesales y condiciones de la prórroga
El juez también se refirió a los riesgos procesales, los cuales consideró plenamente vigentes. “No se trata solamente del riesgo de fuga en sentido estricto, sino de la posibilidad de evadir el proceso. Y en un hecho tan grave como el que se imputa, ese peligro existe”, afirmó.
En cuanto a las condiciones de detención, Gazza mantuvo el régimen de prisión preventiva con salidas laborales previamente autorizadas, destacando que el imputado ha cumplido con las obligaciones impuestas y que no se registraron incumplimientos. “El señor está bajo mi cuidado. No ha habido ningún registro policial de que se haya movido fuera de los términos autorizados, ni las partes lo han denunciado. Por eso se mantiene todo tal cual”, expresó
El juez instó tanto al Ministerio Público como a la Defensa a avanzar en la producción de pruebas pendientes, en particular las pericias sobre el teléfono secuestrado. Asimismo, dejó en claro que si antes del 3 de julio el fiscal presenta el requerimiento acusatorio, la prisión preventiva se prorrogará automáticamente hasta la audiencia preliminar.
“Si se presenta el requerimiento, vamos a evitar tener que llamar a nuevas audiencias que desgasten tanto a las partes como a la víctima. Es momento de definir si este caso tiene sustento suficiente para ir a juicio”, advirtió Gazza.

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