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Vicentin: Abogado denuncia a fiscales por investigar su facturación y el Colegio de Abogados emite una advertencia.

En una tensa jornada durante la audiencia de apelación por las prisiones preventivas de los directivos de Vicentin, el abogado defensor Jorge Ilharrescondo lanzó una grave acusación contra la Fiscalía. Aseguró que los fiscales investigaron la facturación de cinco años de su estudio y la de otros colegas, calificando esta acción como una "grosera violación de garantías constitucionales".

Locales11 de junio de 2025Día 0Día 0
Narvaja y Morenno
Moreno y Narvaja (Fiscales)

Ilharrescondo, visiblemente molesto, presentó un dictamen especializado que avala su postura, destacando que la información obtenida ilegalmente fue utilizada por los fiscales Sebastián Narvaja y Miguel Moreno para fundamentar la prisión preventiva de los directivos, argumentando que estos seguían controlando la compañía a través del pago de honorarios.

El letrado expresó su asombro y frustración, señalando que la facturación de su estudio jurídico entre 2019 y 2024, sin distinción, está en manos de la Fiscalía y sus allegados, e incluso ha sido difundida en la prensa. Argumentó que esta intrusión compromete la defensa en juicio, la independencia del abogado, la privacidad y el secreto profesional y fiscal.

Para reforzar su denuncia, Ilharrescondo y el abogado Daniel Cuenca solicitaron un dictamen a la Dra. Gabriela Tozzini, especialista en Derecho Tributario, quien confirmó que los fiscales no podían acceder a esa información sin una orden judicial, vulnerando así principios fundamentales.

El abogado manifestó sentirse "atacado y condicionado" en su rol de defensor y solicitó la intervención del Colegio de Abogados de Rosario, advirtiendo que esta práctica podría sentar un precedente peligroso para todos los abogados. La situación fue escalada a las más altas autoridades judiciales y colegiadas.

Como respuesta, el Colegio de Abogados de la Segunda Circunscripción (Rosario) emitió un contundente comunicado, respaldando el libre ejercicio de la abogacía y rechazando cualquier acción estatal que vulnere el secreto profesional, la confidencialidad cliente-abogado y la autonomía de la función de defensa.

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