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Ilharrescondo, visiblemente molesto, presentó un dictamen especializado que avala su postura, destacando que la información obtenida ilegalmente fue utilizada por los fiscales Sebastián Narvaja y Miguel Moreno para fundamentar la prisión preventiva de los directivos, argumentando que estos seguían controlando la compañía a través del pago de honorarios.
El letrado expresó su asombro y frustración, señalando que la facturación de su estudio jurídico entre 2019 y 2024, sin distinción, está en manos de la Fiscalía y sus allegados, e incluso ha sido difundida en la prensa. Argumentó que esta intrusión compromete la defensa en juicio, la independencia del abogado, la privacidad y el secreto profesional y fiscal.
Para reforzar su denuncia, Ilharrescondo y el abogado Daniel Cuenca solicitaron un dictamen a la Dra. Gabriela Tozzini, especialista en Derecho Tributario, quien confirmó que los fiscales no podían acceder a esa información sin una orden judicial, vulnerando así principios fundamentales.
El abogado manifestó sentirse "atacado y condicionado" en su rol de defensor y solicitó la intervención del Colegio de Abogados de Rosario, advirtiendo que esta práctica podría sentar un precedente peligroso para todos los abogados. La situación fue escalada a las más altas autoridades judiciales y colegiadas.
Como respuesta, el Colegio de Abogados de la Segunda Circunscripción (Rosario) emitió un contundente comunicado, respaldando el libre ejercicio de la abogacía y rechazando cualquier acción estatal que vulnere el secreto profesional, la confidencialidad cliente-abogado y la autonomía de la función de defensa.
