Imputaron al interventor de la cooperativa portuaria de Puerto San Martin por desvío de fondos vinculados a Whpei

La acusación fue impulsada por el fiscal federal Federico Reynares Solari, quien sostiene que Pasqualino solicitó a Bailaque el desbloqueo de los fondos de la cooperativa, lo cual finalmente se concretó y habilitó el traslado de grandes sumas de dinero a la mutual Unión, una entidad asociada a Whpei, señalado como amigo personal del magistrado.

Según la reconstrucción de los hechos presentada por el Ministerio Público Fiscal, la maniobra tuvo lugar tras una reunión entre Pasqualino y tres de sus asesores, todos con vínculos con Whpei. La hipótesis judicial es que el interventor habría facilitado el circuito financiero irregular con pleno conocimiento de sus consecuencias, incumpliendo sus funciones y favoreciendo intereses privados.

Durante la audiencia se incorporaron como pruebas mensajes de voz entre Bailaque y su secretario, en los que se sugería depositar los fondos en una cooperativa local “de un amigo”, evitando el circuito bancario tradicional. Estas comunicaciones son consideradas clave para demostrar la connivencia entre los implicados.

A Pasqualino se le imputan los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función y prevaricato. Además, la Justicia le prohibió la salida del país y le ordenó fijar domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La causa ya tiene a Whpei y a Bailaque bajo prisión preventiva domiciliaria. En el caso del juez, también presentó su renuncia, aunque todavía no fue aceptada por el Ministerio de Justicia. La investigación sigue abierta y no se descartan nuevas imputaciones en los próximos días.