Aceptaron la renuncia de Bailaque y ya cumple prisión domiciliaria

La carta de renuncia, con fecha del 10 de junio, fue enviada al ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, quien la elevó al presidente Javier Milei. El decreto señala que la dimisión rige a partir del 1° de julio de 2025, lo que formaliza su salida del Poder Judicial sin necesidad de pasar por un proceso de destitución ante el Consejo de la Magistratura, pese a las múltiples acusaciones en su contra.

Bailaque se encuentra imputado en causas sensibles que involucran vínculos con el narcotráfico y manejos irregulares de fondos públicos. Las investigaciones en su contra fueron impulsadas por los fiscales federales Federico Reynares Solari, Matías Scilabra (de la Procuraduría de Narcocriminalidad, Procunar) y Juan Argibay Molina (de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos, Procelac). Entre los delitos que se le atribuyen figuran supuestas relaciones con el narcotraficante Esteban Lindor Alvarado, armado de causas extorsivas contra empresarios, y desvíos de dinero en una cooperativa portuaria de San Lorenzo y Puerto San Martín.

En mayo, la Cámara de Apelaciones había dispuesto una prisión preventiva domiciliaria de 90 días al considerar que no existía peligro de fuga. No obstante, la medida recién comenzó a regir de manera efectiva luego de que su renuncia fuera publicada oficialmente y perdiera sus fueros como juez federal.

Al mismo tiempo, Bailaque activó los trámites para acogerse a la jubilación bajo el régimen especial de Santa Cruz, provincia donde se desempeñó como magistrado entre 1994 y 2008. Esta maniobra podría permitirle acceder a una jubilación de privilegio, incluso en medio de las causas judiciales abiertas en su contra.

La decisión del gobierno de Milei generó fuertes críticas desde distintos sectores políticos. La diputada provincial Lionella Cattalini, impulsora de una de las principales denuncias contra el exjuez, expresó en redes sociales: “Milei le aceptó la renuncia a Bailaque, un juez imputado por corrupción y con prisión preventiva que debería haber sido destituido hace meses. Hoy se retira tranquilo, con jubilación de privilegio, gracias a la complicidad de quienes prometieron terminar con la casta”.

Cattalini había acusado públicamente a Bailaque de tener un vínculo cercano con el contador de Esteban Alvarado. Tras conocerse la aceptación de la renuncia, sostuvo que “esto ratifica lo que se venía denunciando desde el primer momento. Acá hubo una red de corrupción, donde hubo funcionarios públicos involucrados y Bailaque fue uno de ellos. Entiendo que la renuncia es una forma de aceptar esa responsabilidad y por eso abandona el cargo”. Sin embargo, también advirtió que “es tarde, porque el Consejo de la Magistratura tendría que haber actuado antes”.

Antes de formalizar su salida, Bailaque presentó un escrito de defensa ante la comisión de Acusación del Consejo, en el que intentó rechazar las imputaciones: “Ninguna de mis actuaciones como juez federal han tenido por objeto –ni han tenido como efecto real– la protección, el encubrimiento o el favorecimiento de personas vinculadas a organizaciones criminales”. No se presentó personalmente a defenderse y, con la aceptación presidencial de su renuncia, se desactivó cualquier posibilidad de destitución administrativa.

El caso Bailaque representa un símbolo de impunidad dentro de la Justicia federal. Tras años de denuncias y sospechas públicas, el juez se va sin condena, sin proceso disciplinario, con prisión domiciliaria y con la posibilidad de jubilarse con privilegios. Su salida marca un nuevo capítulo en la crisis de legitimidad del sistema judicial argentino y reaviva el debate sobre la falta de herramientas eficaces para sancionar la corrupción dentro del propio Poder Judicial.