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Durante su intervención, Lara recordó que desde la aprobación de la Ley de Reforma, los organismos de derechos humanos expresaron su alarma frente a declaraciones del gobernador que ponían en duda el carácter garantista de la futura Constitución. “Justamente, la Constitución se trata de eso: de garantizar derechos fundamentales”, sostuvo, y advirtió que a lo largo de la historia, los factores de poder “han tratado siempre de anular los derechos conquistados por las grandes mayorías, que jamás hay que dar por sentados”.
Lara describió un contexto nacional marcado por el retroceso en materia de derechos humanos y alertó sobre la “naturalización de prácticas incompatibles con la democracia”. En ese sentido, mencionó la reivindicación de la dictadura, la negación del genocidio, el aumento de la violencia institucional, los discursos de odio y la represión a las movilizaciones populares, muchas veces dirigidas contra periodistas.
“Recordemos el caso de Pablo Grillo, quien salvó milagrosamente su vida”, señaló, en alusión al periodista herido durante una cobertura. Para Lara, “esta reforma debe servir para reafirmar los valores democráticos, para que nunca más vuelva a ocurrir algo semejante a lo que sucedió en nuestro país en el siglo pasado”.
Una propuesta para blindar los derechos
En nombre del Espacio por la Memoria y del conjunto de organismos que integran el Encuentro Provincial por los Derechos Humanos, Lara presentó un artículo nuevo a incorporar en la Constitución provincial: una “cláusula democrática y republicana” que garantice la defensa del orden constitucional y los derechos humanos.
Entre sus puntos principales, el artículo establece:
La preservación del Estado de Derecho basado en el respeto al pluralismo político, social, de género y de creencias.
La prohibición de acciones estigmatizantes o de violencia, tanto verbal como física, contra personas por su pertenencia a distintos grupos.
La negación y apología de crímenes de lesa humanidad como conductas prohibidas en todo el territorio provincial.
La nulidad insalvable de cualquier acto de fuerza contra la Constitución o las instituciones democráticas.
La garantía de vigencia de la Constitución provincial aún en caso de ruptura del orden institucional, siguiendo el espíritu del artículo 36 de la Constitución Nacional.
Además, el texto propuesto contempla la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos de toda persona que haya participado en delitos de lesa humanidad o incurra en su apología, así como la prohibición de cuerpos especiales de represión política dentro de las fuerzas de seguridad provinciales.
Uno de los puntos más destacados es el reconocimiento del derecho a la resistencia legítima por parte de los habitantes de la provincia ante actos de fuerza que supriman el orden constitucional.
Memoria, verdad y justicia como política de Estado
En un tono firme, Lara subrayó la necesidad de que las políticas de memoria, verdad y justicia alcancen rango constitucional: “El genocidio ocurrido y la lucha de los organismos de derechos humanos para lograr justicia es algo que es reconocido en el mundo entero. No puede haber duda de que su mención debe formar parte de esta Constitución”.
También reivindicó el rol de las luchas sociales contemporáneas en la ampliación de derechos y pidió que sus conquistas también sean reconocidas constitucionalmente.
Una voz desde el Cordón Industrial
La participación del Espacio por la Memoria del Cordón, surgido en torno a la defensa y reivindicación de la historia reciente en la zona norte de la provincia de Santa Fe, se inscribe dentro del reclamo colectivo por una Constitución santafesina que contemple derechos garantizados, valores democráticos firmes y el nunca más como principio rector.
“Se luchó para conseguir los derechos, y se debe seguir luchando para sostenerlos. Esa es la circunstancia en la que hoy nos encontramos”, concluyó Lara.
