"Los sueldos en los centros como CADI son de 28 mil pesos, lo que sinceramente no alcanza para vivir ni un día", dijo Veronica Balbi del centro de día CREE.

“Nos convoca que la emergencia en discapacidad se transforme en ley, porque hoy la situación compromete tanto las prestaciones como el funcionamiento de las instituciones que trabajamos en este área”, señaló Balbi.

Consultada sobre qué implica la ley de manera sintética, Verónica explicó:

“Lo que va a permitir es que los prestadores podamos continuar brindando los servicios y que las personas que tienen pensiones sigan recibiéndolas. Hoy el tratamiento de las pensiones se ha complicado y, por ejemplo, los sueldos en los centros de CADI son de 28 mil pesos, lo que sinceramente no alcanza para vivir ni un día. Esto también afecta la continuidad de los tratamientos.”
La docente hizo hincapié en la preocupación de las familias:

“Queremos garantizar que los chicos continúen con sus terapias sin temor a que se suspendan los tratamientos de manera abrupta. A veces los prestadores pasan meses sin cobrar, y eso impacta directamente en la atención.”
Este jueves, el Senado de la Nación tratará el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad. Sobre esto, Verónica opinó:

“Si la ley se aprueba, entra en vigencia de inmediato. Nunca tendríamos que estar peleando por algo que ya es un derecho adquirido hace más de 25 años. Que el presidente decida judicializarlo no nos parece correcto y nos moviliza aún más.”
Finalmente, consultada sobre los comentarios de algunos funcionarios respecto a Andrés, Verónica reflexionó:

“Esto tiene que ver con valores humanos. Desde el primer día que hablamos de discapacidad y salud, no debería depender de la postura personal de quien esté a cargo, sino del respeto por los derechos de todas las personas.”
La movilización contó con la presencia de docentes, familias y organizaciones de la región, reclamando que se garantice la continuidad de las prestaciones y la protección de los derechos de las personas con discapacidad.