La Justicia citó a declaración indagatoria a 26 exintegrantes del directorio de Vicentin y del Banco Nación (BNA), acusados de haber conformado un entramado para defraudar al Estado en el otorgamiento de créditos que habrían generado un perjuicio de al menos 260 millones de dólares.
Locales17 de septiembre de 2025
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La medida fue dispuesta por el juez federal Julián Ercolini, a pedido del fiscal Gerardo Pollicita, tras una investigación que se extendió durante cinco años. Además de las citaciones, el magistrado ordenó la inhibición general de bienes de los acusados y una prohibición de salida del país.
El cronograma de audiencias se desarrollará entre el 27 de octubre y el 18 de diciembre.
Los acusados
Entre los citados figuran:
Vicentin: Daniel Néstor Buyatti (presidente), Alberto Julián Macua (vice), Herman Roberto Vicentin (apoderado), Martín Sebastián Colombo, Roberto Oscar Vicentin y Máximo Javier Padoan (directores).
Banco Nación: Javier González Fraga (expresidente), Lucas Llach (exvice), Carlos Alberto Castellani, junto a exdirectores, gerentes zonales y funcionarios de la entidad.
La acusación
Según Pollicita, entre agosto y diciembre de 2019, el Banco Nación, bajo la gestión de González Fraga, habría desarticulado garantías y entregado fondos congelados a Vicentin, además de aprobar nuevos créditos sin respaldo, a pesar de que la cerealera ya estaba al límite de sus compromisos financieros.
El fiscal sostuvo que los empresarios retiraron dinero para evitar que la nueva gestión del banco cobrara la deuda y recurrieron a facturación apócrifa por al menos $222 millones (US$3,7 millones). También se habrían detectado giros al exterior por más de US$16,9 millones, algunos dirigidos a cuentas en paraísos fiscales.
Riesgo excesivo
La investigación remarca que Vicentin era el principal cliente del BNA, con una línea crediticia que representaba más del 20% del patrimonio total de la entidad, lo que significaba un riesgo desproporcionado para las normas bancarias.
“La gravedad y magnitud de los hechos investigados radica en que se defraudó a una entidad de bien público mediante el manejo de grandes sumas de dinero”, señaló Pollicita, quien insistió en que las decisiones del directorio del BNA fueron tomadas para favorecer al grupo privado en detrimento del Estado.
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