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San Lorenzo, 11 de junio de 2026. – El fallecimiento de Pedro Alberto “Pili” Rodríguez, condenado por delitos de lesa humanidad y pieza clave del entramado civil de la última dictadura militar en el Cordón Industrial, generó una fuerte reacción de los organismos de derechos humanos. A través de un duro comunicado, el Espacio por la Memoria, la Verdad y la Justicia de la región denunció que su muerte representa un nuevo caso de "impunidad biológica", ya que el represor murió sin rendir cuentas en la denominada “causa de los trabajadores”, un expediente judicial que se encuentra paralizado desde hace años.
Si bien Rodríguez recibió una pena de 8 años y medio de prisión en 2013 por el secuestro y tortura del militante Manuel Casado, las organizaciones lamentaron que el exfuncionario falleciera antes de que la Justicia determinara su responsabilidad en las desapariciones y asesinatos remanentes perpetrados en la zona.
El perfil de Rodríguez es el reflejo de los sectores civiles que colaboraron activamente con el terrorismo de Estado. Durante los primeros años de la década del 70, militó en la Juventud Peronista y se desempeñó como asesor técnico del entonces intendente constitucional de San Lorenzo, Luis Reynaldo Vivas.
El quiebre definitivo se produjo el 24 de marzo de 1976. Tras el derrocamiento de Vivas a manos de los militares Rubén Osvaldo Cervera y Horacio Maderna, Rodríguez decidió no alinearse con la resistencia, sino sumarse activamente al gobierno de facto.
Según denuncian los organismos de memoria, desde su rol técnico Rodríguez aportó información clave para "marcar" y señalar a trabajadores, delegados sindicales y militantes de la región del Cordón Industrial. Como retribución a sus servicios, la intervención militar lo ascendió al cargo de Director de Asuntos Jurídicos de la Municipalidad.
Con la restauración democrática en 1983, Rodríguez logró reconvertirse políticamente dentro del Partido Justicialista y el ámbito gremial, logrando una notable longevidad en las esferas del poder local:
Década de 1990: Ejerció como secretario de la Municipalidad de San Lorenzo durante la gestión del actual senador Armando Traferri. Posteriormente, llegó a ocupar una banca como diputado provincial.
Año 2010: El avance de las causas judiciales frenó su carrera legislativa local. Debido a la presión de los organismos de DD.HH. y familiares de desaparecidos, el Concejo Municipal de San Lorenzo le rechazó el diploma e impidió su asunción como concejal por estar procesado por crímenes de lesa humanidad.
Vínculo Sindical: En paralelo a sus procesos judiciales, se desempeñó como asesor legal del Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (SOEA) bajo la conducción de Pablo Reguera. El gremialista fue uno de sus defensores más férreos, llegando a solicitar salidas laborales para el represor incluso después de haber sido condenado en 2013.
La muerte de Rodríguez reactivó el estado de alerta entre los sobrevivientes y familiares de las víctimas de la dictadura en Santa Fe, quienes ven cómo el paso del tiempo extingue la posibilidad de una justicia plena antes de que los responsables mueran en libertad o sin condenas firmes.
El documento del Espacio por la Memoria concluye con una fuerte exigencia a los tribunales federales para acelerar los juicios de lesa humanidad paralizados, bajo las históricas consignas de la región: "Que digan dónde están los desaparecidos y desaparecidas. No olvidamos. No perdonamos. No nos reconciliamos".
