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La tensión entre el sector educativo y el gobierno nacional suma un nuevo capítulo. Este lunes 3 de agosto, los docentes universitarios llevarán a cabo un paro total de actividades que impactará de lleno en todas las facultades y escuelas medias dependientes de la Universidad Nacional de Rosario (UNR).
La medida de fuerza, convocada a nivel nacional por la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) y acatada localmente por el gremio Coad, no será un reclamo aislado: coincidirá en las calles y en las aulas con la huelga lanzada por los maestros de escuelas públicas.
Bajo la consigna central de la defensa de la educación pública, el sector universitario estructuró su protesta en cuatro demandas fundamentales:
Aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario.
Restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID).
Restablecimiento de la paritaria nacional.
Rechazo al proyecto de ley de "libertad educativa".
El conflicto tiene un fuerte componente judicial. En junio pasado, la Corte Suprema falló a favor de una medida cautelar presentada por los rectores, obligando a la gestión de Javier Milei a cumplir de forma parcial con los artículos 5 y 6 de la Ley de Financiamiento. Estos artículos son claves, ya que estipulan la recomposición de los salarios docentes y la actualización de los montos destinados a las becas estudiantiles.
Pese al fallo del máximo tribunal, desde las casas de altos estudios denuncian que el gobierno nacional aún no ha dado señales de acatar la orden judicial. La expectativa de los gremios era que los porcentajes de aumento adeudados se liquidaran con los haberes de junio, algo que finalmente no ocurrió.
"Todo indica que el sueldo de julio vendrá exactamente igual que el mes pasado, es decir que el gobierno sigue sin cumplir la ley de financiamiento universitario y la cautelar ordenada por la justicia", advirtió Federico Gayoso, titular de Coad, quien adelantó que esta situación forzará un endurecimiento en el plan de lucha de los gremios.
El impacto de la huelga se sentirá en todos los niveles educativos. A nivel provincial, el sindicato de maestros de escuelas públicas (Amsafé) adhirió a la jornada de protesta nacional. En el ámbito local, la decisión de Amsafé se da en un contexto de fuerte fricción con el gobierno de la provincia, tras haber rechazado recientemente la propuesta de aumento salarial oficial para el segundo semestre del año.
Ante la falta de respuestas del Ejecutivo, la vía judicial sigue siendo el principal frente de batalla institucional. Hace apenas 10 días, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) —órgano que nuclea a los rectores de todo el país— solicitó formalmente la habilitación de la feria judicial de invierno.
El objetivo del CIN es que la Justicia acelere los tiempos procesales y avance con el dictado de una sentencia definitiva sobre la causa abierta por el incumplimiento de la ley, buscando destrabar un conflicto que amenaza con paralizar el segundo cuatrimestre académico.
