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Durante el encuentro con los medios, los dirigentes de la institución explicaron en detalle el contexto que derivó en la invasión de campo por parte de autoridades del club. Según argumentaron, el ingreso al terreno de juego respondió a una necesidad inmediata de resguardar la integridad física de los deportistas ante la escalada de agresión que se registraba en ese momento.
En ese sentido, la dirigencia expresó su firme preocupación ante la multa económica impuesta por el tribunal de disciplina, señalando que el foco del debate no debe reducirse al castigo monetario a los clubes, sino a la falta de garantías en materia de prevención.
Desde el área de Prensa y Comunicación del club enfatizaron que la prioridad absoluta es la protección de los jugadores —especialmente las divisiones infantiles y juveniles— como así también de las familias que asisten a cada jornada futbolística.
"No queremos naturalizar la violencia ni que ningún jugador vuelva a atravesar una situación de agresión sin que quienes tienen responsabilidades puedan intervenir para protegerlo", manifestaron de forma categórica desde la institución.
Lejos de buscar un enfrentamiento institucional, Santa Catalina formalizó un pedido de apertura al diálogo dirigido a las autoridades de la Liga Sanlorencina. El objetivo principal planteado por el club es conformar una mesa de trabajo conjunta para auditar y reformular las condiciones de seguridad y los protocolos vigentes en los estadios de la región.
El mensaje final de la conferencia dejó una premisa clara sobre la mesa: sancionar económicamente a las instituciones no soluciona el problema de fondo si no se construyen entornos seguros para la práctica deportiva.
