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Cambio de etapa en el Juzgado de Familia de San Lorenzo: el Colegio de Abogados analiza la llegada del Dr. Hernán Julián

En el marco de una entrevista brindada al programa de streaming Estado de Inocencia, emitido por la señal Día 0, la Dra. Ariana Rearte, delegada de la sede San Lorenzo del Colegio de Abogados de Rosario, analizó la reestructuración del Juzgado de Familia tras la asunción del Dr. Hernán Julián. La llegada del nuevo magistrado marca una clara transición procesal respecto a la gestión del Dr. Marcelo Escola, quien estuvo al frente de la dependencia durante doce años.

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El estado de situación y el plan de contingencia del tribunal

El fuero de familia local venía arrastrando una importante mora procesal, explicada por la alta demanda diaria y el tiempo transcurrido en vacancia. Rearte reconoció el esfuerzo previo de los jueces supletorios, los Dres. Rodrán y Andino, y celebró la pronta cobertura de la titularidad del juzgado. Al momento de asumir, el Dr. Julián se encontró con una carga de unos 200 escritos por día y cerca de 240 expedientes pendientes de sentencia, frente a lo cual diseñó un plan de trabajo focalizado en resolver dichas causas antes del mes de febrero, estableciendo prioridades claras en las urgencias de los litigantes.

Sobre este criterio de ordenamiento, Ariana Rearte remarcó: "Básicamente, el hecho de que se le dio prioridad a las cuestiones de niñez es una cuestión que tiene una lógica. Como abogada que hace mucho de familia, la prioridad hoy son los niños y las personas vulnerables. Entonces, mientras se le dé prioridad a las cuestiones que están más afectadas y más vulnerables, eso es bien recibido. Obviamente que todos queremos que nos hagan la sentencia rápido, pero que se le dé prioridad a las cuestiones de niñez, alimentos y regímenes de comunicación me parece que no es para criticarlo ni que nos esté afectando de manera alguna. Por el contrario, donde más estén vulnerables los derechos, allí es donde primero se debe dar la prioridad".

Un nuevo esquema procesal: rigor normativo versus pragmatismo

La implementación de los nuevos lineamientos de trabajo generó diversas reacciones entre los profesionales del foro local, acostumbrados a la impronta de la gestión anterior. Al comparar ambas posturas judiciales, la delegada explicó las diferencias de criterio y la necesidad de una adaptación profesional.

"Es cierto que son criterios de aplicación totalmente distintos, ni mejores ni peores, distintos. Este es un juez que se aplica o se acoge mucho a lo que es la ley y el proceso. A lo mejor Escola tenía otra forma y era más pragmático, pero acá hay un total apego al código de procedimiento. Entonces también la forma de litigar es distinta, cuando uno presenta un escrito tiene que saber que hay un procedimiento y plazos que respetar. Los abogados nos vamos a tener que amoldar a esta nueva forma de trabajo. Por ejemplo, en las cuotas alimentarias, si vos querés determinar un monto, lo vas a tener que probar y demostrar cómo arribás a la cifra solicitada. Esto asusta un poco, sí, pero nos vamos a tener que aggiornar y empezar a trabajar las demandas de manera más artesanal y distinta", sostuvo la letrada.

Esta búsqueda de estricto cumplimiento normativo también abarca el vínculo entre el juez y las partes. Según detalló Rearte a partir de las pautas expuestas por el tribunal en el reciente conversatorio del Congreso Museológico, la atención en el despacho judicial será strictly bilateral. En palabras de la delegada: "Él planteaba que si atiende a uno de los colegas, tiene que atender al otro por una cuestión ética, y si me llama para hablar, tiene que llamar a la otra parte para escuchar a ambos. Eso causó un choque porque nos encontramos con una realidad distinta a la que estábamos acostumbrados".

Dr-Julian

Mediación obligatoria, cuota alimentaria y recursos de apelación

Uno de los temas centrales del debate fue la exigencia de la mediación previa obligatoria para tramitar la cuota alimentaria definitiva. Rearte advirtió sobre el impacto temporal y económico que este requisito genera para las familias en situación de vulnerabilidad.

"Cuando son alimentos provisorios no se exige mediación, pero para pasar a un alimento definitivo la ley determina que es obligatorio pasar por la mediación previa. Desde el Colegio y la delegación vamos a empezar a hablar con la gente de mediación para ver si podemos implementar una forma que sea más accesible, porque quien llega a pedir alimentos es porque los necesita. Poner la traba de llegar a una mediación acarrea costos y tiempo, porque si es gratuita demora un montón en fijar fecha y te lleva tres o cuatro meses en el medio. No solo impacta en quien reclama, sino también en los abogados, porque al no tener sentencia definitiva tampoco nos regulan honorarios", enfatizó.

En relación con los límites de la pretensión alimentaria, Rearte adelantó un criterio clave expresado por la magistratura respecto al reclamo a los abuelos del menor: "Lo que sí adelanto, y es muy importante, es que los abuelos que cobran la mínima no van a ser alcanzados por la subsidiariedad que prevé el código respecto de los alimentos". Asimismo, aclaró que la obligación alimentaria no se extiende a parientes colaterales como los tíos.

Consultada sobre el escaso uso de los recursos de apelación ante la Cámara de Apelaciones en los procesos de familia, la representante gremial descartó que existieran impedimentos legales y lo atribuyó a los costos y la demora de los trámites. Al respecto, indicó: "La apelación es una herramienta que todos los abogados tenemos. Muchas veces es una cuestión de acostumbramiento y de desgaste. Ir a la Cámara implica entre seis meses y un año, y el recurso no suspende el cumplimiento de la obligación. Si te fijan una cuota la tenés que cumplir igual mientras la Cámara resuelve. Entonces quien tenía que apelar evaluaba el desgaste de tiempo, los costos de honorarios y prefería no llevarlo a esa instancia".

Gestión institucional y avances en el Colegio de Abogados

En el tramo final del diálogo durante la transmisión, Ariana Rearte repasó otros aspectos vinculados a la administración de justicia en la región, entre los que destacó la saturación del único Juzgado Laboral frente a la crecida demanda y la meta de implementar los juicios por jurados en el fuero penal para el año 2027.

Asimismo, ponderó las mejoras alcanzadas en los servicios institucionales para los matriculados de San Lorenzo: "Tenemos un espacio en el tribunal destinado al coworking que los colegas pueden reservar para atender clientes antes o después de una audiencia. También modernizamos el Consultorio Jurídico Gratuito con una oficina mucho más acogedora, privada y personalizada. A su vez, contamos con la sala de audiencias y la sala de matriculados con seis computadoras con internet. Estamos muy satisfechos con estos avances que benefician tanto a la comunidad como a los profesionales".

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