“Nos quieren llevar a un escenario idéntico al de los años 90”, advirtieron los gremios marítimos

El Gobierno nacional oficializó el Decreto 340/2025, una nueva medida que redefine el régimen de cabotaje fluvial y marítimo en el país. La norma fue firmada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y se enmarca en el plan de reformas orientado a reducir el llamado “costo argentino”.

El decreto modifica aspectos clave de las leyes 20.094, 27.418 y 27.419. Entre los puntos más relevantes, se permite que buques de bandera extranjera obtengan tratamiento de matrícula nacional. Además, los armadores locales podrán operar bajo banderas de conveniencia, contratando personal bajo las leyes del país correspondiente. La tripulación será definida por el armador, se amplía de 30 a 60 días el plazo para que buques internacionales puedan realizar cabotaje, y se eliminan restricciones a los talleres de reparación naval.

Para el Gobierno, se trata de una medida que busca agilizar, desburocratizar y abaratar costos en el transporte fluvial y marítimo, permitiendo mayor competitividad en el sector logístico. Sin embargo, la reacción de los gremios marítimos fue inmediata y enérgica: acusaron al Ejecutivo de querer “replicar un modelo de los años 90” que perjudicó gravemente a la marina mercante nacional.

Las organizaciones sindicales denunciaron que nunca fueron convocadas por el ministro Sturzenegger, pese a haber solicitado reuniones formales. También recordaron que existe un proyecto de ley alternativo presentado en el Congreso, frenado por sectores alineados con el oficialismo. Anunciaron que presentarán recursos de amparo y no descartan medidas de fuerza.

Mientras tanto, las empresas del sector observan con interés los cambios, ya que podrían significar una reducción de costos operativos y una mayor integración regional. En contrapartida, los gremios advierten sobre la pérdida de soberanía, precarización laboral y el posible vaciamiento del sistema nacional de navegación.

El decreto ya está en vigencia y promete abrir un nuevo frente de conflicto entre el Gobierno y los sindicatos del transporte fluvial y marítimo.