El Juzgado Federal de Campana declaró este lunes la invalidez del veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad, que había sido objetada por Javier Milei apenas días después de ser sancionada en el Congreso. El fallo, firmado por el juez Adrián González Charvay, dio lugar a un amparo presentado por los padres de dos niños con autismo y consideró que “el derecho de los niños con discapacidad prevalece ante cuestiones presupuestarias”.
Nacionales18 de agosto de 2025
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El magistrado sostuvo que el veto resultaba inconstitucional porque ignoraba derechos básicos protegidos por tratados internacionales con jerarquía constitucional, y señaló que el Estado tiene la obligación de garantizar la atención, el acompañamiento terapéutico y el acceso a la educación inclusiva de los menores.
El caso que impulsó el amparo
El reclamo fue iniciado por los padres de dos chicos con trastorno del espectro autista (TEA), quienes denunciaron que, a raíz de los recortes dispuestos por el Gobierno nacional, las instituciones educativas a las que asisten habían anticipado dificultades para sostener los tratamientos de estimulación y el transporte escolar. También señalaron que los profesionales que los asisten perciben aranceles muy bajos y atrasados frente a la inflación.
Con esta sentencia, se abre la puerta para que otras familias afectadas por el ajuste presenten acciones similares en defensa de los derechos de las personas con discapacidad. No obstante, se trata de un fallo de primera instancia y el Gobierno todavía tiene la posibilidad de apelar.
¿Qué establece la ley que fue vetada?
La Ley de Emergencia en Discapacidad aprobada en el Congreso prevé:
Acceso más simple a pensiones no contributivas: bastaría con presentar el Certificado Único de Discapacidad (CUD).
Actualización de honorarios profesionales según inflación y un bono extraordinario de $100.000 para los prestadores del sistema.
Financiamiento: los fondos saldrían de la Superintendencia de Servicios de Salud, el PAMI y el Programa Incluir Salud.
Apoyo a talleres protegidos, con un costo fiscal mínimo del 0,0008% del PBI.
De acuerdo con la Oficina de Presupuesto del Congreso, la medida podría incorporar entre 493.000 y 946.000 nuevos beneficiarios, lo que implicaría un refuerzo fiscal de entre 0,22% y 0,42% del PBI, a financiar con reasignaciones presupuestarias.
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