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El Juzgado Federal N° 2 de Catamarca resolvió extender a todo el país la medida cautelar que en septiembre había ordenado restituir las pensiones no contributivas suspendidas por la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). La decisión judicial alcanza a todos los titulares afectados por la aplicación del decreto 843/2024, que había dado origen a auditorías y recortes masivos en el sistema.
La sentencia obliga a la Andis a restablecer en un plazo de 24 horas la totalidad de las pensiones suspendidas o retenidas, pagar los haberes adeudados y abstenerse de realizar nuevas auditorías o suspensiones hasta que haya una resolución definitiva en el amparo colectivo.
“El restablecimiento inmediato de las pensiones y la suspensión de nuevas auditorías son medidas urgentes que devuelven a miles de personas el acceso a ingresos indispensables para vivir con dignidad”, señalaron desde el CELS tras conocerse el fallo.
Un fallo con alcance colectivo
En el expediente se acumularon las presentaciones del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la Asociación Azul, y particulares patrocinados por la Clínica Jurídica en Discapacidad y Derechos Humanos de la Universidad Nacional de La Plata.
El juzgado reconoció que las suspensiones afectaron de manera homogénea a miles de personas con discapacidad, compartiendo una misma causa fáctica y normativa, lo que convierte al caso en una acción colectiva de alcance nacional.
Además, el fallo designa como representantes adecuados del colectivo actor a la Asociación de Personas y Familiares de Discapacitados Motores (A.P.Y.Fa.Di.M.) y a la Asociación Azul, por su trayectoria en la defensa de los derechos humanos de las personas con discapacidad.
Contexto y antecedentes
Durante 2024 y 2025, la Agencia Nacional de Discapacidad llevó adelante un proceso de auditorías sobre las pensiones no contributivas por invalidez laboral, argumentando la necesidad de “verificar compatibilidades” y “optimizar recursos”. Sin embargo, miles de beneficiarios denunciaron suspensiones arbitrarias y falta de notificación previa, lo que dejó a numerosas familias sin ingresos básicos durante meses.
Organizaciones sociales y de derechos humanos cuestionaron que las revisiones se realizaron sin garantizar el debido proceso ni tener en cuenta la situación de vulnerabilidad de los titulares. El amparo colectivo fue impulsado tras la suspensión masiva detectada a mediados de 2025, que generó movilizaciones y reclamos en distintas provincias.
Lo que viene
Con la medida extendida a todo el territorio nacional, la Andis deberá cumplir de inmediato con la restitución de las prestaciones y los pagos retenidos, mientras continúa el proceso judicial que definirá la validez de las auditorías y del decreto 843/2024.
El fallo representa un precedente importante en materia de protección de derechos económicos y sociales, reafirmando que las pensiones por discapacidad son una garantía básica para la subsistencia y la inclusión, y no pueden ser suspendidas sin un debido proceso y sin resguardo de los derechos fundamentales.
