La orden de desalojo dictada por el Gobierno provincial pone a los efectivos en una situación límite: el deber de obedecer contra la empatía por el reclamo de sus propios compañeros y familias.
El Gobierno de Santa Fe redobla la apuesta: sanciones y pases a disponibilidad tras las protestas policiales
En una conferencia de prensa marcada por un tono de firmeza, el Ministro de Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, se refirió al conflicto policial que escaló en las últimas horas en las ciudades de Rosario y Santa Fe. Si bien el funcionario reconoció la "legitimidad" del reclamo salarial y de las condiciones de trabajo, trazó una línea infranqueable ante lo que calificó como actos "antijurídicos y violentos".
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Como medida inmediata ante el abandono del servicio, el Gobierno provincial confirmó que ya se han iniciado las actuaciones administrativas para pasar a disponibilidad a no menos de 20 efectivos, quienes deberán entregar su arma reglamentaria y chaleco antibalas.
"Un reclamo legítimo, pero con intereses oscuros"
Cococcioni fue enfático al diferenciar al personal que cumple con su deber de aquellos que, según denunció, utilizaron la protesta como una plataforma para desestabilizar la política de seguridad. El ministro señaló que sobre el reclamo de base se montaron "sectores desplazados de la fuerza", algunos vinculados a causas de corrupción, que buscaron minar la operatividad mediante el uso de fake news y bloqueos.
"No estamos dispuestos a poner sobre la mesa de negociación la seguridad pública. Todo lo otro es charlable, pero estas acciones ilícitas quieren golpear una política de seguridad que está siendo exitosa", sentenció el ministro.
Uno de los puntos más críticos expuestos por el titular de la cartera de Seguridad fue el abandono de aproximadamente 20 patrulleros frente a la Jefatura de la Unidad Regional II en Rosario. Cococcioni advirtió que estas conductas no solo derivarán en sanciones administrativas, sino que se está trabajando en coordinación con el Ministerio Público de la Acusación (MPA) para investigar posibles ilícitos penales.
"Que unidades de patrulla urbana abandonen su servicio en plena jornada eleva los niveles de riesgo y acarrea responsabilidad penal si ocurriera un delito que no pudo ser evitado por esa acción", explicó.
A pesar de la dureza de las medidas, el funcionario reiteró que el canal de diálogo sigue abierto para discutir mejoras en las jornadas laborales y suplementos por desarraigo o zona de vacancia. Sin embargo, aclaró que la política salarial se rige por las paritarias de la administración pública y no se negocia bajo presión de medidas de fuerza que afecten el patrullaje.
Por el momento, el Gobierno asegura que el servicio de seguridad se sostiene con esfuerzo y con la colaboración de las Fuerzas Federales, monitoreando minuto a minuto la situación para evitar nuevos focos de conflicto que pongan en riesgo a la ciudadanía.
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