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“La informalidad ya dejó de ser una excepción y es hoy un rasgo estructural del mercado de trabajo. ¿Cómo podemos buscar soluciones si nadie la mide con precisión?, se preguntó De Ponti, autora de la iniciativa.
“Hay una economía que sostiene la vida cotidiana y que aparece como una línea más en las promesas de campaña, o en los lamentos cuando explotan las crisis” consideró la legisladora, y agregó: “alguien dijo una vez que no se puede conducir lo que no se conoce, y es así”.
“Por eso, queremos que el Estado deje de actuar a ciegas. La informalidad es tan grande que hasta los números sobre ella son confusos. Si queremos revertir el síntoma de un modelo que abarata el trabajo y encarece la vida, primero tenemos que mirarlo de frente, con datos propios y serios”, apuntó.
La iniciativa propone un doble objetivo: por un lado, dotar al Estado provincial de información para diseñar políticas públicas orientadas a la formalización. Por otro, establecer un reconocimiento expreso ante la ciudadanía de la existencia y relevancia del sector informal en la estructura económica.
“Es una decisión política que ordena muchas otras discusiones: ¿qué vidas entran en la contabilidad pública y cuáles quedan afuera?”, enfatizó De Ponti.
La legisladora justicialista explicó que van a fijar “indicadores por género, por edad, por región y actividad”. “A veces se mete todo en la misma etiqueta, y se terminan poniendo parches donde conviene, o donde es más fácil, o que entorpecen en vez de colaborar. Para formalizar de verdad hay que entender bien qué está pasando, a quiénes les pasa y cómo”, consideró.
El proyecto dispone que el Estado provincial procese los microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares Total Urbano (EPH-TU) que elabora el INDEC y ejecuta el IPEC como órgano estadístico provincial responsable. Con ese procesamiento, se elaborará un informe anual con los resultados y un set de indicadores que den cuenta de las distintas dimensiones del fenómeno.
