Se destrabó el conflicto por el practicaje y comienza a normalizarse la actividad en los puertos del Cordón Industrial

La paralización de la actividad había dejado más de 185 embarcaciones a la espera de ingresar o zarpar de las terminales portuarias argentinas, muchas de ellas frente a los puertos de San Lorenzo, Puerto General San Martín y Timbúes, el principal polo exportador de granos y subproductos del país.

Según informó oficialmente la administración del presidente Javier Milei, el entendimiento contempla una reducción del 20 % en las tarifas del servicio de practicaje y el restablecimiento inmediato de las tareas de asistencia a la navegación. Además, el Ejecutivo resolvió suspender la aplicación del Decreto 690/2026 y conformar una mesa de trabajo para revisar distintos aspectos de la normativa que originó el conflicto.

Los prácticos retomarán sus funciones mientras continúan las negociaciones con el Gobierno, lo que permitirá recuperar progresivamente el movimiento de embarcaciones y reducir las demoras que afectaban la cadena logística y exportadora.

El Gran Rosario, entre los más perjudicados

El impacto fue especialmente fuerte en el Cordón Industrial santafesino. Solo durante el martes se sumaron más de 45 barcos a la fila de espera que ya superaba las 140 embarcaciones registradas el lunes.

La falta del servicio de practicaje impedía el ingreso y la salida segura de los buques, generando importantes demoras en las terminales exportadoras ubicadas sobre el río Paraná y elevando los costos logísticos de las operaciones.

El presidente de la Cámara de la Industria Aceitera y del Centro de Exportadores de Cereales (CIARA-CEC), Gustavo Idígoras, había advertido que cada jornada de paralización representaba pérdidas millonarias para el sector y dañaba la imagen de Argentina como proveedor confiable en los mercados internacionales. Incluso alertó que una prolongación del conflicto podía favorecer a competidores directos como Brasil.

Una reforma que desató la protesta

La disputa comenzó el pasado 1° de agosto tras la publicación del Decreto 690/2026, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

La norma modificó el régimen del servicio de practicaje y pilotaje vigente desde 1991 al crear un registro abierto de profesionales administrado por la Prefectura Naval Argentina, habilitar la libre elección de prestadores por parte de los usuarios y eliminar restricciones para el ingreso de nuevos operadores. Además, otorgó a la Agencia Nacional de Puertos y Navegación la facultad de fijar tarifas máximas y dispuso la publicación de precios para fomentar la competencia.

La implementación del decreto derivó en la interrupción del servicio de practicaje, considerado indispensable para garantizar la navegación segura de los buques en la Hidrovía Paraná-Paraguay.

También hubo impacto en el sector energético

Las consecuencias del conflicto no se limitaron al comercio exterior de granos. La Cámara Argentina de Energía informó que quedaron paralizadas operaciones en terminales de Campana, Dock Sud, Arroyo Seco, Bahía Blanca, San Lorenzo, Santa Cruz y Caleta Córdova.

Entre las maniobras afectadas figuraban operaciones vinculadas al proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), además del traslado de combustibles hacia distintos puntos del país. Desde el sector advirtieron que, de prolongarse el conflicto, existía riesgo de inconvenientes en el abastecimiento de combustibles en la Patagonia.

Comienza la normalización

Con el acuerdo anunciado este martes, el Gobierno y los representantes del sector dejaron formalmente constituida una mesa de trabajo que analizará los alcances del Decreto 690/2026 y buscará consensuar una reforma definitiva del sistema de practicaje.

Mientras tanto, la reanudación inmediata del servicio permitirá comenzar a liberar la extensa fila de embarcaciones que permanecían a la espera frente a los puertos del Gran Rosario, un nodo estratégico por el que sale la mayor parte de las exportaciones agroindustriales de la Argentina.