El Gobierno intima bajo amenaza penal a los prácticos para destrabar el paro

La principal vía de salida de las exportaciones argentinas se encuentra sumergida en una profunda crisis logística. Desde la hora cero del pasado domingo 2 de agosto, el tránsito fluvial en la llamada Hidrovía y en los principales puertos del país está totalmente frenado. La paralización, que afecta directamente la comercialización de granos, insumos energéticos y diversas mercaderías esenciales, es el resultado de un paro por tiempo indeterminado de los profesionales del practicaje y pilotaje.

El detonante del conflicto es una reciente normativa impulsada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger. El decreto busca reducir el denominado "costo argentino" mediante una profunda desregulación de la actividad, reemplazando el régimen de practicaje que se encontraba vigente desde 1991.

Cabe destacar que los "prácticos" son piezas fundamentales en la logística portuaria: se trata de profesionales altamente capacitados que, gracias a su conocimiento local del río y sus complejidades, asesoran a los capitanes de los buques internacionales en las delicadas maniobras de ingreso y egreso a la vía navegable.

La respuesta del Gobierno: intimaciones y advertencias penales

Ante la magnitud del bloqueo comercial, el gobierno nacional decidió endurecer su postura. A través de la Prefectura Naval Argentina (PNA), en su rol de órgano de fiscalización operativa y disciplinaria, se emitió una intimación formal y de carácter urgente.

Bajo la firma del Prefecto Nacional Naval, Guillermo José Giménez Pérez, la autoridad marítima procedió a notificar de manera individual a 536 prácticos para que se pongan a disposición del servicio regular. El accionar de la fuerza se hizo notar rápidamente en las redes sociales, donde circularon videos de efectivos de la Prefectura llegando a los domicilios particulares de los profesionales para entregar las intimaciones en mano.

El documento oficial es tajante respecto a las consecuencias de mantener la medida de fuerza. La PNA advirtió que la negativa a prestar el servicio será considerada una "falta grave". Esto activará de forma automática las sanciones disciplinarias estipuladas tanto en el Anexo I del nuevo decreto como en el Régimen de la Navegación Marítima, Fluvial y Lacustre (REGINAVE).

Posibles penas de prisión

La presión gubernamental trasciende el ámbito administrativo. Las autoridades subrayaron que cualquier acción orientada a interrumpir este servicio público podría derivar en graves consecuencias enmarcadas en el Código Penal de la Nación.

En concreto, la intimación recuerda la vigencia de dos artículos clave:

• Artículo 190: Prevée penas de dos a ocho años de prisión para aquella persona que ponga en peligro la seguridad de una nave.
• Artículo 194: Contempla penas de hasta dos años de cárcel para quien entorpezca el normal funcionamiento de los transportes por agua.

Mientras el conflicto escala, el transporte de carga continúa inmovilizado, a la espera de que la tensión entre el gremio de los prácticos y la política de desregulación estatal encuentre una vía de resolución que permita reactivar el corazón exportador de la Argentina.