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La entrada en vigencia del nuevo Régimen Penal Juvenil (Ley Nacional 27.801) reabrió el debate sobre la responsabilidad penal de los adolescentes y las respuestas del Estado frente al delito. La normativa permite que jóvenes de 14 y 15 años sean investigados y eventualmente condenados, contemplando penas de hasta 15 años para delitos graves como homicidios —sin alojamiento en cárceles de adultos— y medidas de capacitación, tareas comunitarias y contención profesional para faltas menores.
Sin embargo, para el abogado penalista Leandro Demichelli, la sola modificación del límite de edad resulta insuficiente. El letrado sostuvo una postura crítica respecto a la capacidad disuasiva de la reforma.
“Hay que atacar esos factores”
Consultado sobre si la baja en la edad de imputabilidad logrará frenar la delincuencia juvenil, Demichelli fue contundente sobre la falta de políticas preventivas:
“Sigo insistiendo que no sirve. No sirve porque el sistema político no incluye a nadie. Se tendría que trabajar en la prevención.”
Para el especialista, la prevención no se reduce a la presencia policial o judicial, sino a la intervención sobre los contextos sociofamiliares vulnerables:
“No podemos pretender que un chico que viene viendo al padre y al abuelo que no trabajan, que realmente pueda tener una vida digna, una vida con educación. Hay que atacar esos factores.”
Al analizar la aplicación práctica del régimen ante hechos cotidianos —como robos urbanos cometidos por menores—, el abogado remarcó que las medidas se orientarán al acompañamiento, la educación y la formación en oficios para evitar la reincidencia, aunque matizó las expectativas de cambio inmediato:
“Profundamente cambios notables, no hay.”
Uno de los aspectos más complejos del nuevo esquema estará en la Investigación Penal Preparatoria (IPP), especialmente al determinar si existen adultos instigando o utilizando a los adolescentes para delinquir:
“Eso va a ser muy importante, el gran desafío, para no cometer ningún tipo de error, de que si hay una persona que está indicando al menor a cometer un hecho, es un trabajo que requiere más investigación y mucha más idoneidad.”
Asimismo, Demichelli advirtió que una aplicación rígida o apresurada de la ley penal sobre adolescentes en desarrollo podría ser contraproducente:
“Por eso, ahí donde el fiscal y el juez tienen que trabajar con muchísimo cuidado, y sin entorpecer absolutamente nada del trabajo de uno con respecto al otro.”
De esta manera, el penalista concluyó que la efectividad de la Ley 27.801 dependerá de cómo se instrumente en los tribunales y, fundamentalmente, de las políticas públicas de contención comunitaria, deportiva y educativa que acompañen al sistema legal.
