La negociación paritaria entre la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y los sindicatos del sector llega hoy a una jornada clave y decisiva. Será la última audiencia de conciliación obligatoria, antes de que venza mañana el plazo legal fijado por la Secretaría de Trabajo. Si las partes no logran un entendimiento, los aceiteros podrían retomar las medidas de fuerza que ya paralizaron el complejo agroexportador semanas atrás.
Nacionales05 de noviembre de 2025
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El conflicto enfrenta a la CIARA con la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina (FTCIODyARA) y al Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (SOEA) San Lorenzo, nucleados en el corazón industrial del país.
La disputa gira en torno a la recomposición salarial del último trimestre del año. Los gremios sostienen que el incremento del 20% otorgado hasta ahora no alcanza a cubrir la escalada inflacionaria y reclaman una actualización inmediata y automática en base al índice de precios del INDEC, más una revisión por poder adquisitivo perdido.
Desde la parte empresarial, la CIARA aseguró haber ofrecido “cubrir la inflación real medida por el INDEC hasta diciembre” y reiteró su voluntad de “seguir negociando dentro de parámetros razonables”. En sus redes sociales, la cámara afirmó que el sector “ya ha otorgado aumentos significativos” y pidió a los gremios “intenciones reales de acordar y evitar paros que perjudicarán tanto a la industria como a los trabajadores y sus familias”.
Los gremios, firmes en su reclamo
Desde el lado sindical, tanto la FTCIODyARA como el SOEA ratificaron su postura de no aceptar aumentos por debajo de la inflación real. “El salario no puede perder contra los precios, y menos en un sector que sigue batiendo récords de exportación”, señalaron fuentes gremiales Los dirigentes recordaron que la paritaria aceitera es referencia para numerosos gremios industriales, por lo que un acuerdo a la baja “marcaría un precedente peligroso” en medio de la crisis económica.
Además, advirtieron que, de no haber avances concretos en la audiencia de hoy, desde el primer minuto del jueves podrían iniciar un nuevo paro total en los complejos portuarios de San Lorenzo, Puerto General San Martín, Timbúes y Villa Gobernador Gálvez, entre otros puntos estratégicos de la región.
Una conciliación al límite
La conciliación obligatoria dictada por la Secretaría de Trabajo hace casi dos semanas vence mañana jueves y no puede ser prorrogada, lo que convierte a la reunión de hoy en la última instancia de diálogo antes del conflicto.
El encuentro se desarrollará en Buenos Aires, con la presencia de representantes de la CIARA, los gremios y funcionarios del área laboral.
Fuentes cercanas a la negociación anticiparon que la jornada podría extenderse durante varias horas, ya que ambas partes buscan evitar el escenario de un paro general que afectaría el ingreso de divisas y el ritmo de exportaciones en plena campaña de embarques.
Lo que se define hoy
La jornada de este miércoles será determinante. Sobre la mesa están tres puntos centrales:
Porcentaje de actualización salarial para el último trimestre de 2025.
Cláusula de ajuste automático por inflación, que los gremios exigen incorporar.
Pago retroactivo o compensatorio por la pérdida del poder adquisitivo en los meses previos.
De no haber acuerdo en ninguno de estos ejes, los sindicatos quedarían liberados legalmente para retomar las medidas de fuerza a partir del jueves a la medianoche.
La Unión de Recibidores de Granos y Anexos de la República Argentina (U.R.G.A.R.A.) anunció el inicio de medidas gremiales de acción directa a partir de las 00 horas del martes 11 de noviembre de 2025 en puertos, acopios y empresas de control de todo el país.
Los trabajadores aceiteros del principal sector agroexportador del país sellaron un nuevo acuerdo salarial que eleva el salario básico inicial a $2.344.000 a partir de enero de 2026, tras una serie de intensas negociaciones entre los gremios y las cámaras empresarias.
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La intervención fue ordenada por la Justicia de Familia ante las graves condiciones de precariedad en las que se encontraban los niños, de 12, 10 y 8 años.
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